El pasado 29 de mayo, Milenio Jalisco publicó una entrevista al coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez. La entrevista la realizó el periodista Agustín del Castillo, bajo el título, “Constructores no buscan la “gestión integral del agua”. La entrevista pone el dedo en la llaga, en voz del titular del observatorio, al advertir algo que poco se ha discutido en Jalisco.
Para el coordinador del Observatorio Ciudadano, la clave de una gestión integral del agua, en las obras de Infraestructura hidráulica en Jalisco, está en “establecer equilibrios, porque si todo se entrega a la cámara de la construcción y al colegio de ingenieros no va a haber ningún cambio…”. Para ello, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez propone que “El peso del observatorio será no dejarles la vía libre para que ellos determinen los proyectos; así que ya integramos un equipo mixto, interdisciplinario, y ahí se generarán las pautas y los filtros para las obras que en un momento dado se tuvieran que construir se sometan a los procesos de concurso, pero que no sean [esas dos instancias empresariales] las que determinen qué se va a hacer”.
En Jalisco parece existir algo que los políticos de diversos partidos identifican -con singular tino- como el “cártel del agua”. Se trata de un grupo de empresarios, infiltrados desde hace años en las entrañas del poder, que monopolizan todas las obras públicas y los negocios derivados de ellas, a través de una ingeniosa red de complicidades pluripartidista, que lo mismo financia campañas, apuntala gobiernos y sostiene alta influencia en la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua, en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado –SIAPA-, en el proyecto de la presa El Zapotillo, de los cientos de millones en estudios infructuosos para la presa de Arcediano y todas las grandes obras del SIAPA.
Este grupo que controla y se enriquece con las obras de cientos y miles de millones de pesos -con cargo al erario-, “no buscan la gestión integral del Agua”, sino una forma delictiva de enriquecimiento basada en el tráfico de influencias, amparados en el monopolio del conocimiento del “agua”. Para ello controlan varias organizaciones que les permiten dictar la última palabra en toda obra o negocio sobre el agua en Jalisco. Son esos mismos que se han negado a presentar su declaración 3 de 3, porque no podrían justificar el cúmulo de conflictos de interés con los que operan desde el gobierno, incrustados en altos cargos, por lo que incluso renuncian al sueldo de funcionario público. Su ganancia está en definir qué obras requiere Jalisco, a qué costo y qué constructores las realizan con cargo al presupuesto público, bajo las condiciones que ellos mismos se determinan, con su grupo de constructores…