Las cifras deslumbran. Se habla de 11 mil millones de dólares en ingresos proyectados por la FIFA —70 por ciento más que en Qatar 2022

México vuelve a ser sede de una Copa Mundial, pero no como potencia deportiva, sino como terreno fértil para contratos sin impuestos, megaproyectos desiguales y un discurso que disfraza privilegios, con promesas de desarrollo.

Las cifras deslumbran. Se habla de 11 mil millones de dólares en ingresos proyectados por la FIFA —70 por ciento más que en Qatar 2022—, entre 15 y 20 millones de visitantes adicionales y más de 50 mil empleos temporales. Sin embargo, el entusiasmo se tambalea cuando se observa el pacto que hizo posible este negocio.

En 2015, el gobierno mexicano firmó garantías con FIFA para exentar de toda carga tributaria a sus operaciones y empresas vinculadas, sin importar su domicilio fiscal. El acuerdo, hoy vigente y respaldado por un transitorio en la Ley de Ingresos 2026, convierte a México en el único país, de los tres anfitriones, que concedió una exención total, mientras Estados Unidos y Canadá impusieron restricciones y procesos de revisión local.

La justificación dada apela al turismo, al consumo local y a la “proyección global” del país. Pero los beneficios están territorialmente concentrados (CDMX, Jalisco y Nuevo León) y dirigidos a sectores específicos como hotelería, movilidad y entretenimiento. A cambio, las consecuencias son estructurales y difusas. Viene con ello también un aumento de precios en vivienda, presión sobre servicios urbanos, gentrificación y una huella ambiental alarmante. Se estima que las emisiones del Mundial 2026 alcanzarán 9 millones de toneladas de CO2e, un 92 por ciento más que en la edición anterior, producto en gran parte de la dispersión geográfica de las sedes y del incremento del transporte aéreo.

En 2015, el gobierno mexicano firmó garantías con FIFA para exentar de toda carga tributaria a sus operaciones y empresas vinculadas, sin importar su domicilio fiscal. El acuerdo, hoy vigente y respaldado por un transitorio en la Ley de Ingresos 2026, convierte a México en el único país, de los tres anfitriones, que concedió una exención total, mientras Estados Unidos y Canadá impusieron restricciones y procesos de revisión local.

La justificación dada apela al turismo, al consumo local y a la “proyección global” del país. Pero los beneficios están territorialmente concentrados (CDMX, Jalisco y Nuevo León) y dirigidos a sectores específicos como hotelería, movilidad y entretenimiento. A cambio, las consecuencias son estructurales y difusas. Viene con ello también un aumento de precios en vivienda, presión sobre servicios urbanos, gentrificación y una huella ambiental alarmante. Se estima que las emisiones del Mundial 2026 alcanzarán 9 millones de toneladas de CO2e, un 92 por ciento más que en la edición anterior, producto en gran parte de la dispersión geográfica de las sedes y del incremento del transporte aéreo.

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2025/11/7/fifa-manda-mexico-paga-743407.html