Las fiscalías operan con capacidades limitadas. Falta personal ministerial, policías de investigación, peritos, laboratorios, controles internos, y sobra opacidad.
Durante años se ha sostenido que la autonomía constitucional de las fiscalías bastaría para transformar procuradurías subordinadas en instituciones capaces de investigar delitos con independencia técnica. Sin embargo, lo que se construyó en buena parte del país no fue autonomía, sino una simulación jurídica que conserva intactas las viejas cadenas de obediencia y subordinación.
Cuando un gobernador designa al fiscal, cuando el Congreso solo ratifica decisiones previamente tomadas, cuando las causas de remoción son ambiguas y políticamente manipulables, la procuración de justicia deja de ser una tarea republicana y se convierte en una extensión del poder. La fiscalía no investiga necesariamente lo que debe investigar, sino aquello que no incomoda al mando político. De ahí proviene una de las raíces más profundas de la impunidad en México.
Las fiscalías operan con capacidades limitadas. Falta personal ministerial, policías de investigación, peritos, laboratorios, controles internos, y sobra opacidad. Un ministerio público que atiende cientos de carpetas al mismo tiempo no investiga, administra rezagos. Un perito sin carrera profesional, sin salario digno y sin condiciones básicas de trabajo no puede sostener una política criminal seria. Una institución que no sabe con precisión cuántos agentes tiene, cómo están certificados o cuántos han sido sancionados, no puede llamarse moderna ni autónoma.
La consecuencia es un sistema de procuración que funciona como embudo. Millones de carpetas se acumulan, pero solo una fracción alcanza el ejercicio de la acción penal. El archivo temporal se vuelve destino cotidiano de la denuncia ciudadana. La investigación se suspende, se diluye o se abandona por falta de datos, de personal o de voluntad. Así, la impunidad no aparece al final del proceso, sino desde el primer contacto entre la víctima y la autoridad.
En ese vacío se explica también el abuso de la prisión preventiva oficiosa. Cuando el Estado no puede investigar, encierra. Cuando no puede probar, presume peligrosidad. La cárcel sin sentencia opera como coartada institucional para ocultar la precariedad técnica de las fiscalías. Es una forma autoritaria de compensar la incapacidad, no una política de justicia.
El cuadro más doloroso está en la crisis forense y de desapariciones. Un país con miles de cuerpos sin identificar, con fosas clandestinas y con familias obligadas a buscar lo que los gobiernos no encuentran, revela una fractura institucional. La incapacidad para identificar restos humanos no es un problema secundario, es la evidencia extrema de gobiernos que perdieron el control sobre sus muertos y sobre sus registros.
Mientras la autonomía sea nominal, las capacidades sean precarias y la verdad dependa de estructuras rotas, la justicia en México seguirá siendo una promesa incumplida escrita en papel oficial.
GABRIEL TORRES ESPINOZA
Profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2026/6/5/fiscalias-capturadas-justicia-derrotada-826063.html