El miércoles 31 de junio se inauguró el primer reporte semanal de ‘fake news’, el cual está a cargo de la periodista Ana Elizabeth García Vilchis. El presidente de México adelantó que esta sección se llevaría a cabo una vez a la semana. Ana Elizabeth García Vilchis, diputada plurinominal suplente de Morena en Puebla, será la encargada del reporte semanal y fue propuesta como directora de Redes de la Vocería de Presidencia. De acuerdo con García Vilchis, el criterio para presentar las ‘fake news’ fue seleccionar las publicaciones que “más rápido se movieron en redes sociales y mensajería instantánea, y las más graves en cuanto a su contenido falso o engañoso”, a criterio del gobierno.
El relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, solicitó al gobierno mexicano “reconsiderar” el bloque ‘Quién es quién en las mentiras’, dentro de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que este podría “afectar el debate libre”. Señaló que las autoridades tienen derecho a defenderse de las críticas que se le formulan y comentó que ahora el reto es cómo distinguir entre una defensa de una posición pública y aquel discurso que estigmatice a un medio o periodista desde todo el poder que concentra la comunicación social del gobierno de la República. Resulta relevante destacar el contexto en que ocurre esta iniciativa: México, se ubica en el lugar 143 de entre 180 países evaluados por Reporteros Sin Fronteras, para destacar que “México vive una situación muy difícil con respecto al periodismo”.
‘Quién es quién en las mentiras’ significa un aporte de ‘México para el Mundo’. Algo que sólo aquí ocurre con estas características, precisamente en lo que se observa como un asedio a la libertad de periodismo. Las iniciativas de ‘fact checking’, razonablemente surgen de la sociedad civil organizada para contrastar, cuestionar y confrontar al poder (precisamente, esa es su función). Es decir, no se había registrado una iniciativa de verificación de hechos (o noticias) asumida por el Gobierno Federal de un país para fiscalizar a los medios de comunicación. Desde luego esta iniciativa significa una suerte de amago al periodismo, por parte ahora del mismo gobierno, que usa recursos públicos. Tendrá inevitablemente efectos inhibidores para el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Lo que aumentará la autocensura.
Ahora bien, ciertamente, el gobierno tiene todo el derecho a responder por información imprecisa o falsa difundida por un medio de comunicación o periodista, en cualquier parte del Mundo. Pero normalmente esta acción se realiza a través del derecho de réplica que debe asegurarse (es una garantía) por cualquier medio de comunicación. Además, los gobiernos precisamente para ello disponen de áreas dedicadas a la comunicación social, que se financian con recursos públicos, y que es bien sabido que disponen de diversos medios para solicitar la reconsideración, la corrección o la réplica.
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