Durante años nos dijeron que la crisis del agua era consecuencia de la escasez. Que el problema estaba en la falta de lluvias, en el cambio climático o en la insuficiencia de presas y acueductos. Hoy los datos obligan a revisar ese relato. El agua falta, sí. Pero lo que verdaderamente sobra es la mala gestión.

El reciente informe de BBVA sobre la administración del agua en México desmonta uno de los grandes mitos de la política hídrica. El verdadero desafío no consiste únicamente en conseguir más agua, sino en administrar correctamente la que ya existe. Un sistema incapaz de medir lo que distribuye, de cobrar lo que factura y de garantizar la calidad del servicio está condenado a vivir permanentemente en crisis.

La cifra resulta demoledora. En México apenas se factura el 55 por ciento del agua suministrada y únicamente se recauda el 69 por ciento de ese volumen. En términos prácticos, los organismos operadores recuperan económicamente poco más de cuatro de cada diez litros que entregan. Ninguna empresa, pública o privada, podría sobrevivir bajo semejante nivel de ineficiencia.

El problema no es únicamente financiero. También es institucional. Casi la mitad de las tomas domésticas carecen de medidor. Si no se mide, no se sabe cuánto se consume. Si no se sabe cuánto se consume, tampoco existe una política pública seria para administrar el recurso. La improvisación termina sustituyendo a la planeación.

Jalisco aparece por encima del promedio nacional en eficiencia de medición y recaudación. Sin embargo, esa estadística contrasta con la percepción de los ciudadanos. De acuerdo con el INEGI, el estado ocupa el lugar 27 del país en calidad del servicio de agua potable y apenas uno de cada diez habitantes considera que el agua que recibe puede beberse con confianza. La distancia entre los indicadores administrativos y la experiencia cotidiana de los usuarios revela que la eficiencia burocrática no necesariamente significa un buen servicio público.

Las auditorías internas del SIAPA profundizan esa preocupación. Tanques con contaminantes fuera de norma, fluctuaciones en la desinfección y muestras domiciliarias con incumplimientos microbiológicos son señales que ningún gobierno debería minimizar. Aunque algunos parámetros representan riesgos inmediatos para la salud, la pérdida de confianza de la población constituye por sí misma una crisis pública.

En este contexto resulta pertinente revisar con mayor rigor el denominado Plan Hídrico para el Área Metropolitana de Guadalajara. El documento fue presentado como la respuesta estructural a la crisis del agua. Sin embargo, sus propias bases técnicas reconocen que no constituyen un instrumento definitivo de planeación ni contienen decisiones sobre financiamiento, ejecución o programación de las obras. Es decir, el plan todavía no es un plan.

Las críticas formuladas por especialistas tampoco pueden desestimarse. Se cuestiona la ausencia de información pública suficiente para conocer el estado real de la infraestructura, la falta de incorporación de propuestas provenientes de investigadores y organizaciones ciudadanas y una visión excesivamente concentrada en grandes obras hidráulicas sin atender las causas estructurales del deterioro institucional.

Mientras tanto, la respuesta inmediata continúa siendo el reparto de agua mediante pipas y garrafones. Una medida indispensable frente a la emergencia, pero inaceptable como política permanente para una de las principales zonas metropolitanas del país.

La discusión sobre el agua suele reducirse a quién construye más infraestructura o quién consigue mayores recursos presupuestales. Esa lógica resulta absurda. Ninguna inversión resolverá una administración incapaz de medir, transparentar, mantener y recuperar financieramente el sistema que ya posee.

La verdadera crisis del agua en México no comienza cuando deja de llover. Comienza cuando las instituciones dejan de gobernar con información, transparencia y capacidad técnica. Sin una reforma profunda de la gestión pública y autocrítica, cualquier obra terminará siendo apenas un costo con cargo a deuda, en un intento infructuoso por llenar un recipiente que continúa perdiendo agua y confianza por todas sus grietas.

https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/gobernar-el-agua