La detención arbitraria del camarógrafo de N+ Guadalajara en Tequila, Jalisco, a manos de policías municipales, no fue un incidente aislado. Es el síntoma visible de una patología extendida. Se trata de la creciente criminalización del ejercicio informativo, donde ser periodista, sobre todo si se es crítico con el poder, se ha vuelto una actividad de alto riesgo. En este caso (el de Beto, camarógrafo de N+ Televisa), además de ser esposado, golpeado y privado de su libertad por más de hora y media, el reportero fue despojado temporalmente de su equipo, del que —según versiones— los policías intentaron borrar las grabaciones. No supieron hacerlo. La torpeza técnica fue su única limitación.
El hecho activó la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de Periodistas de la FGR y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Pero también exhibió lo que muchos gobiernos municipales pretenden ocultar, es decir, el desprecio por la libertad de prensa y el uso de las instituciones públicas, incluso la policía, como mecanismos de presión.
No es casualidad que Jalisco registre el lugar 16 de 32 entidades federativas en agresiones contra periodistas, con al menos 13 casos documentados en 2024, según Artículo 19. Lejos de parecer un indicador “moderado”, el dato resulta alarmante si se toma en cuenta que se trata de una entidad con un elevado nivel de concentración de medios y supuesta vocación democrática (el ‘oasis’). Es también el reflejo de una cultura política que se ha venido instalando, y que tolera —e incluso promueve y premia— el hostigamiento a la prensa crítica.
Cada vez es más frecuente la persecución política de periodistas y comunicadores. No solo mediante la represión abierta, sino a través de mecanismos más sutiles, como la presión a los dueños de los medios mediante la amenaza o cancelación de contratos publicitarios, la distribución selectiva del presupuesto de comunicación social, o bien, la solicitud directa —aunque informal— de “cabezas” editoriales como requisito para recibir recursos públicos. Se castiga al medio que cuestiona, y se premia al que se pliega. Se despide a quien piensa, se contrata a quien obedece.
El sistema de premios y castigos con dinero público ha dejado de ser una sospecha para convertirse en una rutina institucionalizada. Hoy, buena parte de la opinión publicada está condicionada por ese mecanismo de financiamiento clientelar, que disfraza de “cobertura noticiosa” lo que en realidad es propaganda pagada. Se ha normalizado la compraventa de espacios periodísticos, con boletines gubernamentales redactados por agencias privadas y publicados como si fueran periodismo de investigación. Así, los gobiernos han logrado —en muchos casos— someter los espacios informativos con contenido aprobado por el poder, desplazando la crítica por la lisonja.
El caso de Tequila, además, revela otra trama turbulenta. El cierre del Museo Nacional del Tequila sin autorización del INAH, la negativa del Ayuntamiento a proporcionar información por transparencia, y la sospecha —no desmentida del todo— de que el inmueble fue utilizado como residencia por el propio alcalde. Las amenazas a personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia que intentó inspeccionar el sitio, no son sólo un asunto patrimonial, son una muestra del desprecio por las instituciones cuando interfieren con el ejercicio arbitrario del poder local.
La libertad de expresión no se defiende con discursos innocuos. Se garantiza con mecanismos institucionales eficaces, con independencia editorial, pero sobre todo, con una convicción de libertad de prensa que hoy parece cada vez más ausente en más de un gobierno local, y en la oposición. El problema no es sólo la agresión permanente, sino la impunidad estructural que protege, alienta y promueve el modelo de control informativo que priva en Jalisco.
Ser periodista ya es, de suyo, una actividad peligrosa. Pero lo más preocupante es que también se ha vuelto un oficio prescindible. Se prefiere al ‘influencer’ obediente, de militancia activa; que al reportero incómodo, que hace preguntas. Se paga mejor la adulación, que la investigación. Y cuando todo eso falla, se recurre, como el martes, a la fuerza.