Foto: Gobierno de México
El pasado 20 de noviembre, el Grupo Parlamentario de Morena presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de reforma constitucional para legislar sobre la Guardia Nacional. La medida parecía ser arriesgada, especialmente porque cinco días antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había decretado la invalidez de la Ley de Seguridad Interior. En efecto, ambas iniciativas compartían un punto toral de acuerdo: la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de combate al crimen organizado. No obstante, debe decirse que, en principio, la estrategia jurídica de López Obrador fue más inteligente que la de su antecesor. ¿Por qué? Porque mientras que Peña Nieto intentó regular la participación militar a través de una legislación ordinaria [Ley de Seguridad Interior], AMLO lo hizo por conducto de una reforma constitucional. Esto hace la diferencia, debido a que los tres medios de control constitucional previstos en nuestra Ley Suprema [amparo, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional] no operan sobre reformas a la Carta Magna. De forma que es preciso reflexionar sobre la necesidad instituir un Tribunal Constitucional que tenga estas facultades, tal y como existe en 94 de los 193 países del Orbe (Constitute Project: 2019).
Resultado de lo anterior, del 8 al 12 de enero de este año se realizaron audiencias con especialistas sobre la Guardia Nacional. Hubo un consenso que fue atendido por el Jefe del Estado: la inviabilidad de que la Guardia Nacional tuviera mando militar, a efectos de que ostentara uno civil. Sin embargo, se sostiene el debate respecto de “la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública”. Al respecto, habría que hacer la precisión siguiente. El narcotráfico pasó de ser un problema de seguridad pública [que tiene como fin la defensa de la propiedad privada y la integridad física de los personas] para convertirse en uno de seguridad nacional [que salvaguarda tanto los elementos constitutivos del Estado (pueblo, territorio, soberanía, gobierno y leyes) así como la permanencia y continuidad de sus instituciones democráticas, el orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad].
Resulta oportuno señalar que el narcotráfico –con particular eficacia– disputa el concepto más elemental y sustantivo del Estado: el monopolio de la coacción física legítima sobre un territorio determinado (Weber). Debe decirse que la seguridad nacional, teórica y constitucionalmente, tiene una vertiente dicotómica o dual: la defensa exterior y la seguridad interior. Ninguna policía estatal y menos municipal, tiene hoy la capacidad de enfrentar al narcotráfico. Mitigar el terrible estado de inseguridad en varias entidades federativas, debido al poder del crimen organizado, requiere de la participación de los cuerpos de élite del Ejército Mexicano…
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