El éxito de la reforma constitucional sobre el salario mínimo dependerá de cómo se implemente
El pasado 9 de octubre, el Senado aprobó una reforma que promete un cambio significativo para los trabajadores mexicanos.
La modificación, que ya había sido avalada por la Cámara de Diputados, establece que los salarios mínimos, tanto generales como profesionales, no podrán fijarse por debajo de la inflación observada durante su periodo de vigencia. A esto se suma la homologación salarial de sectores clave del servicio público, como maestros de nivel básico, policías, guardias nacionales, personal militar, médicos y enfermeros, cuyo ingreso mensual no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La modificación, que ya había sido avalada por la Cámara de Diputados, establece que los salarios mínimos, tanto generales como profesionales, no podrán fijarse por debajo de la inflación observada durante su periodo de vigencia. A esto se suma la homologación salarial de sectores clave del servicio público, como maestros de nivel básico, policías, guardias nacionales, personal militar, médicos y enfermeros, cuyo ingreso mensual no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Este cambio, que eleva a rango constitucional la obligación de ajustar el salario mínimo por encima de la inflación, busca no sólo mitigar el impacto de la carestía de la vida en los trabajadores, sino también avanzar hacia una mayor equidad en la distribución del ingreso.
Con un salario mínimo de 375 pesos diarios en la frontera norte y 249 pesos en el resto del país, el avance parece sustancial si consideramos que en 2019 era de 176.72 y 102.68 pesos, respectivamente.
Un punto clave es el impacto sobre el poder adquisitivo. Aunque el aumento del salario mínimo busca compensar los efectos de la inflación, muchos trabajadores apenas sienten una mejora en su calidad de vida. Según el Foro Económico Mundial, las empresas y gobiernos se benefician de salarios justos, pues el aumento del salario mínimo puede redirigir a los trabajadores hacia empleos más productivos y abordar la pobreza. No obstante, en una economía con una alta informalidad laboral, como la mexicana, estos beneficios no siempre se distribuyen equitativamente.
Uno de los aspectos más controversiales de la reforma es el impacto presupuestario. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la homologación salarial para los sectores mencionados generaría un costo adicional de 39 mil 864 millones de pesos anuales, a partir de 2024. Este gasto supone un enorme esfuerzo para las finanzas públicas en un contexto donde el margen fiscal es limitado y donde las presiones presupuestarias por otros rubros, como las pensiones, continúan en aumento.
Uno de los aspectos más controversiales de la reforma es el impacto presupuestario. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la homologación salarial para los sectores mencionados generaría un costo adicional de 39 mil 864 millones de pesos anuales, a partir de 2024. Este gasto supone un enorme esfuerzo para las finanzas públicas en un contexto donde el margen fiscal es limitado y donde las presiones presupuestarias por otros rubros, como las pensiones, continúan en aumento.
La reforma constitucional sobre el salario mínimo y la homologación de salarios en sectores clave del servicio público es, sin duda, un avance hacia la justicia social.
Sin embargo, su éxito dependerá de cómo se implementen estas medidas y de los ajustes que se realicen para mitigar sus posibles efectos negativos, como el aumento de la carga tributaria sobre los trabajadores y el impacto en las finanzas públicas.
El gran reto será garantizar que estos aumentos salariales no sólo cubran la inflación, sino que también mejoren realmente la calidad de vida de los trabajadores.
POR GABRIEL TORRES
Prof. e investigador en la Universidad de Guadalajara
@GABRIELTORRESES