La reciente discusión en la Cámara de Diputados durante el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial mostró un consenso generalizado sobre que la IA
El avance de la inteligencia artificial (IA) en México ha tocado ya sectores clave como la salud, la educación y la economía. Sin embargo, su consolidación en el sistema judicial parece estar atrapada en una encrucijada política más que técnica. Mientras otros países -como Estados Unidos– establecen lineamientos claros sobre el uso ético de estas herramientas en tribunales, en México aún predomina la retórica sobre la acción.
La reciente discusión en la Cámara de Diputados durante el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial mostró un consenso generalizado sobre que la IA puede reducir brechas, mejorar servicios y agilizar trámites. Pero cuando se trata del Poder Judicial, la prudencia se transforma en inmovilidad. La razón es simple; en México, la justicia no es solo un servicio público, es un terreno de disputa política.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares marca un avance. Prevé la justicia digital como obligación para los poderes judiciales estatales. Pero aún falta voluntad política para hacer de esta disposición una realidad homogénea. Hoy, la implementación depende del presupuesto, la disposición local y la interpretación jurídica de cada entidad.
La resistencia a la IA no es solo por desconocimiento, sino por la amenaza que representa al ‘statu quo’. Automatizar procesos, reducir tiempos, transparentar decisiones y auditar algoritmos implica limitar márgenes de discrecionalidad, y con ello, de poder. La IA, bien implementada, no solo agiliza, también expone.
La politización del Poder Judicial en México es un tema no resuelto. La reciente discusión sobre la elección de jueces y magistrados evidencia la falta de consenso en torno a la legitimidad de este poder. En este contexto, apostar por herramientas tecnológicas que obligan a decisiones más objetivas, trazables y auditables, resulta subversivo para quienes se benefician de la opacidad.
Sin embargo, la ciudadanía sí demanda cambios. La desconfianza hacia las instituciones judiciales es alarmante. Según el INEGI, el 60.8% de los delitos no se denuncian, en buena parte por desconfianza o por considerar inútil el trámite. La IA, en este sentido, representa una oportunidad política de reconectar con la sociedad, no de reemplazar al juez, sino de dignificar su función con eficiencia.
El reto no es tecnológico. Es político. Y en esa medida, también es una responsabilidad democrática. ¿Estamos dispuestos a construir un Poder Judicial moderno, o seguiremos posponiendo decisiones bajo el pretexto de “prudencia institucional”? El futuro de la justicia no puede depender solo de los algoritmos, pero tampoco puede continuar rehén de los cálculos políticos y de protocolos de trabajo que mantienen sobre saturación y rebasa la capacidad de respuesta de las instituciones.
POR GABRIEL TORRES
PROFESOR E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
@GABRIELTORRESES