El Instituto Jalisciense de las Mujeres se creó con la promulgación de la Ley, el 29 de diciembre de 2001. Es, en realidad, una instancia local que en muchos aspectos reproduce los objetivos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), que es una OPD de la administración pública federal. En Jalisco, 123 de los 125 municipios del estado poseen también un Instituto de la Mujer. Estos institutos se crearon debido a que México asumió, en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, el compromiso de crear instituciones de protección para los derechos de las mujeres. A la fecha se crearon un Instituto Nacional de las Mujeres; 32 Instituciones Estatales [todos los gobiernos estatales disponen de un instituto de protección de la mujer]; y se registran mil 906 institutos municipales, respecto de los 2 mil 458 municipios en el país.
Es oportuno recordar lo anterior, porque el gobernador electo, Enrique Alfaro, manifiesta interés por desaparecer el OPD (de los 266 OPD’s en Jalisco) Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM). Empero, propone que la igualdad de género y la violencia contra la mujer sean atendidas desde la ‘Secretaría de Igualdad Sustantiva’, de reciente creación, tal vez a través de una subsecretaría. Alfaro indica que el IJM “no ha tenido los recursos, capacidad, liderazgo ni empuje necesario para integrar el enfoque de género en las políticas públicas”. También refiere que el IJM gasta la mayoría de su presupuesto en nómina”, lo cual es una verdad irrefutable. Ahora bien. Que desaparezca el Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM), no necesariamente significa que esta política pública se eliminaría de la agenda del gobierno que encabezará Enrique Alfaro. No si los objetivos y las facultades que ahora tiene este Instituto de la Mujer, son recogidos puntualmente por otra dependencia pública que tenga un similar o mayor rango en jerarquía, independientemente del nombre.
Lo relevante está en sostener las facultades que ahora están conferidas al IJM, en otra instancia de las Administración Pública Estatal, así como en incrementar el presupuesto destinado a esta política pública (a la política, no a una nómina). Pero esto, hasta ahora, no está del todo claro. Una transformación que fuese para fortalecer la política pública a favor de los derechos y para protección de las mujeres, podría adquirir el carácter de una política de Estado, desde una secretaría del gobierno de Jalisco, aunque el Instituto no existiera más como OPD. Tal vez, también, podría ser la ocasión para deshacerse de esa estructura obesa del IJM, que hoy consume más de dos terceras partes de su presupuesto en nómina, sin conseguir, efectivamente, mayores resultados. Grosso modo, el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, acusa lo que para ellas significan acciones regresivas en la protección de los derechos de las mujeres en Jalisco. Primero, la desaparición del IJM, que podría subsanarse si se recogen los objetivos y atribuciones en otra institución pública de mayor jerarquía. Segundo, la eliminación de la Comisión de Género en el Congreso del Estado, lo que a todas luces significa un terrible error. Tercero, que no se incluya en la Reforma de Justicia, la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género [que bien podría sumarse a otras fiscalías especializadas para un delito en específico, como los desaparecidos, que resultó un vil fracaso]. La desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres suena ‘políticamente incorrecto’. Pero Alfaro es, en esencia, políticamente incorrecto –tal vez por eso ganó las elecciones-. Le gusta remar contra corriente. Defender con vehemencia sus propuestas, e intentar hasta el límite de su capital insistir en las cosas que le convencen.
Ese video que compartió en Facebook, donde le dedica una atención y tiempo inusual al razonamiento para desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres, es testimonio de su estilo personal de gobernar. Lo que no debe desaparecer o disminuir en Jalisco, es la política pública en favor y protección de los derechos de las mujeres, como tampoco la inversión de recursos públicos para logarlo. El nombre, es, en realidad, ‘peccata minuta’…
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