El Lago de Chapala, la mayor reserva de agua ‘dulce’ en México, enfrenta una amenaza sistemática: la invasión y deterioro de su ecosistema. A pesar de ser un Área Natural Protegida y un “sitio Ramsar” de importancia internacional, las agresiones contra este cuerpo de agua no solo continúan, sino que se agravan bajo la mirada permisiva de las autoridades locales y la indiferencia federal.
En Jocotepec, las denuncias por la invasión a las orillas del lago datan de más de una década, pero su frecuencia e intensidad han crecido exponencialmente. Desde rellenos clandestinos con escombros hasta proyectos municipales que carecen de estudios de impacto ambiental, el lago ha sido sometido a una constante degradación. El caso más reciente involucra el proyecto de ampliación del malecón de San Juan Cosalá, avalado por el alcalde Hugo David García Vargas, quien ha reconocido que no se cuenta con los permisos necesarios. Esta obra, más que una mejora urbana, representa un retroceso legal y ecológico, al ignorar la normativa ambiental que protege al lago.
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) y la SEMARNAT han confirmado que el proyecto constituye una violación a la ley. Sin embargo, las acciones legales y sanciones son prácticamente inexistentes. En teoría, el Código Penal Federal establece penas de hasta nueve años de prisión para quienes afectan ecosistemas protegidos, pero en la práctica, los responsables rara vez enfrentan consecuencias. De 37 denuncias registradas por invasiones al lago entre 2019 y 2023, apenas una culminó en sanción.
La complicidad de los municipios, como el de Jocotepec, no solo se refleja en la omisión de acciones contundentes para frenar las invasiones, sino también en su participación activa. A nivel federal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) parece más preocupada por delegar responsabilidades que por intervenir directamente en el cuidado del lago. Este vacío de autoridad es aprovechado por particulares, quienes han convertido 19 de los 25 kilómetros de orilla en Chapala en zonas invadidas, muchas destinadas a desarrollos habitacionales. Sin acción inmediata, el mayor lago de México se encamina a convertirse en una víctima más de la corrupción y la indiferencia.
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