El pasado 27 de enero la diputada local María de Jesús Padilla Romo presentó una iniciativa de decreto para reformar la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, con el objeto de impedir que “el Consejo Directivo del Ipejal disponga de los bienes inmuebles y el fondo de pensiones para [la construcción de] cualquier proyecto u obra [pública]” en la que participe algún “ente público”.
Lo anterior, después de que el 23 de enero pasado se informara de una nueva ‘ordeña’, ahora para la construcción de Ciudad Judicial Laboral Jalisco (CJLJ), con recursos del Ipejal, por un monto [inicial] de 295 millones de pesos.
Atestiguamos así un nuevo modelo de ‘inversión’, claro está, con el dinero que aportan los trabajadores del estado de Jalisco para su pensión y jubilación: la construcción de obra pública (CJLJ). Con ello se intenta sacar de ‘aprietos’ a los poderes Ejecutivo y Legislativo, que NO previeron partidas presupuestales en años fiscales anteriores para esta obra, ni en el Presupuesto de Egresos, ni en el Plan de Inversión derivado de la monumental deuda contraída por Jalisco, de seis mil 200 mdp. Incluso, cuando era bien conocido que el 1 de mayo de 2019 la reforma a la Ley Federal de Trabajo ya preveía el nuevo modelo de justicia laboral para las 32 entidades federativas.
Por esta razón, al menos 50 sindicatos -cuyos afiliados aportan al Ipejal para su jubilación-, protestaron frente al Congreso del Estado en justo rechazo a esta nueva ‘inversión’ para otro “elefante blanco”. Destaca la oposición de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado, Poderes, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco (FSESEJ), que aglutina a 88 mil 120 servidores públicos en activo y poco más de 40 mil jubilados, mismos que, en días pasados, denunciaron NO contar con el tiempo, ni la documentación necesaria para analizar esta nueva ‘inversión’: como lo es el Plan Maestro y la Manifestación de Impacto Ambiental sobre CJLJ.
Evidencian que el Ipejal pretende invertir poco más de 295 mdp para la construcción de la Ciudad Laboral, sabedores de que siempre ocurre un sobreprecio en la obra pública durante su ejecución (en realidad usarán más dinero del que ahora dicen). Además de que el Ipejal recibiría un retorno de inversión sumamente bajo: de apenas 2.6 millones de pesos mensuales (derivado de la renta).
Precisamente por ello, tanto en la Exposición de Motivos de la diputada Padilla Romo como en el pronunciamiento del FSESEJ, coinciden en los bajísimos réditos que recibiría el Ipejal por la ‘inversión’ en esta obra, que, además, es responsabilidad solo del gobierno. De forma que, otra vez se dispone arbitrariamente del dinero de los trabajadores para su pensión, en proyectos que corresponden únicamente al gobierno. A la vez, se imponen altísimas tasas de interés a los trabajadores que buscan un crédito del Ipejal (a ellos sí), incluso superiores a las de la banca comercial.
El dinero de un fondo que garantiza un derecho social, a la pensión y la jubilación, NO puede seguir usándose discrecional y arbitrariamente por el gobierno, como una suerte de recurso siempre disponible para -ahora- ¡obra pública! Al Ipejal, después de robado, le urgen los candados.
Mi columna también la puedes ver aquí, en Milenio Jalisco.