Respecto de la caótica situación financiera del Ipejal, ésta no se explica —como se ha querido hacer creer— ni por las ‘jubilosas jubilaciones’ de 70 ex funcionarios públicos jaliscienses que perciben una pensión mayor a los 100 mil pesos, ni por el déficit actuarial que acredita el Instituto al destacar que mientras, en 2013, había un pensionado por cada 6 afiliados, para 2019, el número decreció a 3.3 afiliados por pensionado.
Así que los dos ‘mejoralitos’ frente a esta situación han sido: i) una Ley que establece un ‘tope’ a las ‘pensiones VIP’ para que éstas no superen los 106 mil pesos al mes —en contraposición a funcionarios que cobra una pensión mensual cercana o superior a los 200 mil pesos mensuales y que, además, ya se ampararon ante esta medida—, y sobre la cual descansan dudas de su constitucionalidad, toda vez que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que ésta viola los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la seguridad social, así como los principios de legalidad, irretroactividad de la ley y previsión social; y ii) la intención, hecha pública por su director Héctor Pizano, de afiliar a 40 mil supernumerarios (servidores públicos de Jalisco no incorporados al Ipejal) y adherir al Instituto a 102 Ayuntamientos y “dos o tres” organismos públicos descentralizados más. No hay ‘llenadera’ para un auténtico ‘barril sin fondo’.
Es así como el debate público se encuentra absolutamente sesgado respecto de las razones de fondo que auspician al déficit financiero del Ipejal. De modo que no hay una sola reforma presentada que evite el despilfarro del Ipejal en inversiones fallidas y/o de ‘alto riesgo’ en fideicomisos fraudulentos, obra pública y proyectos inmobiliarios a todas luces cuestionables [Villas Panamericanas, Chalacatepec, Santa Cruz de Soledad, Ciudad Judicial Laboral, Abengoa, Transporte Marítimo Mexicano, Amapas, Toscana/Santana Margarita, Alcalde, y Nordia Tlajomulco, y un larguísimo etcétera]. Tampoco se ha sancionado el gigantesco adeudo por parte de 25 entidades públicas y/o gubernamentales —entre ellos ayuntamientos metropolitanos— que, al cierre de agosto del año pasado, registraban un adeudo de poco más de ¡mil 128 millones de pesos! Lo anterior, a pesar de que, en 2013, el Congreso Local aprobó una serie de reformas con la intención de sancionar con cárcel a los funcionarios que desviaran las cuotas obrero-patronales.
Mientras lo anterior no se resuelva, la historia está condenada a repetirse «ad infinitum». Como ocurrió en febrero de 2021, cuando el Pleno del Congreso del Estado, aprobó imponer un crédito fiscal al Ipejal por 495 millones de pesos, por anomalías registradas, tan sólo, en la Cuenta Pública de 2017 realizada por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Se trató de un crédito fiscal del que no se tiene registro en la historia reciente de Jalisco. De manera que el crédito fiscal aprobado por el Congreso Estatal al Ipejal, representó el 43% (casi la mitad) del monto al que ascienden los 86 créditos fiscales, con valor de mil 146 millones de pesos, que se han impuesto de 2009 a 2020.
Mi columna también la encuentras aquí, en Milenio Jalisco.