Como en los relatos de Juan Rulfo, donde la violencia, la desolación y el abandono son el trasfondo de un México olvidado, hoy Teuchitlán emerge como el símbolo de un estado atrapado entre la impunidad y el colapso institucional. El silencio impuesto por años, donde la omisión se disfrazó de estrategia política, ha sido roto por los hallazgos en el Rancho Izaguirre. Cuerpos calcinados, hornos clandestinos y la confirmación de que el crimen organizado no solo ha operado con brutalidad, sino también con la complacencia del poder. En este nuevo ‘Jalisco en llamas’, la verdad se abre paso entre las cenizas de la complicidad, mientras el costo político y social se cierne sobre quienes permitieron que la realidad sea más aterradora que cualquier ficción.
El fiscal general de la República lo ha dejado claro: “esto no será otro Ayotzinapa”. La pericia de su mensaje marca distancia de las estrategias de manipulación y encubrimiento que han caracterizado otras investigaciones emblemáticas. En Teuchitlán, la Fiscalía General de la República (FGR) asumirá el control total de las indagatorias, con lo que evidencia las múltiples omisiones de la Fiscalía de Jalisco, que por seis meses mantuvo abandonado el sitio sin análisis forense, rastreo de indicios, ni investigación sobre la propiedad del rancho.
La postura federal es inequívoca. Las responsabilidades recaen en las autoridades del gobierno local anterior. La postura de la FGR no deja espacio para matices. La fiscalía estatal no solo falló en realizar los peritajes pertinentes, sino que incluso permitió que tres vehículos incautados fueran robados de la escena del crimen.
El fiscal Gertz Manero se condujo con precisión quirúrgica: firme, cauto, pero sin ambigüedades. Empático con la prensa, ha deslizado la responsabilidad de las autoridades locales con tal claridad, que difícilmente algún funcionario en Jalisco se atreverá a desafiar la versión. Se ha señalado, además, que entre las identificaciones encontradas en el rancho figuran nombres de sicarios ya detenidos, lo que confirma que el sitio era un enclave criminal de alto nivel.
La presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia con los discursos radicales. A diferencia de versiones iníciales que sugerían un ‘montaje de la derecha’, el gobierno federal que encabeza ha trazado una línea de investigación equilibrada. No se niega lo evidente, pero tampoco se cede a la existencia de un “centro de exterminio”, en tanto no se aporten las pruebas de ello y se asuma el control total de la investigación.
El gobernador de Jalisco parece comprender bien la gravedad del episodio y la inevitabilidad de alinearse con la Federación. Su postura, hasta ahora, ha sido la de la prudencia y el realismo. Adaptarse a la situación y evitar un enfrentamiento abierto con el gobierno Federal, donde el resultado podría ser de pronóstico reservado. Lemus no parece querer inmolarse por nadie. Incluso, podría ‘ganarle terreno al mar’, sumar activos y perder peso muerto.
Hasta ahora, los grandes afectados de esta historia son los gobiernos anteriores. En una lógica de equilibrios políticos, el gobierno federal ha encontrado en la administración pasada de Jalisco el blanco perfecto para encajar la responsabilidad del desastre en Teuchitlán. No es coincidencia que la FGR haya enfatizado la inacción del gobierno de Jalisco durante meses, lo que se traduce en un golpe directo a la herencia recibida por Lemus y su gobierno.
El caso Teuchitlán marcará la agenda política en Jalisco durante las próximas semanas. La gravedad del hallazgo, la intervención federal y el escándalo mediático internacional hacen que cualquier otro tema quede relegado a un segundo plano. No hay forma de detonar una crisis mayor de comunicación (distractor), a la luz de los hechos. La prudencia y la mesura parecen ser las formas más inteligentes de gestionar las consecuencias de lo ocurrido.
Los aprietos están instalados, y a diferencia de otras ocasiones, esta vez la estrategia del silencio o la minimización del problema no será una opción viable. El gobierno de Jalisco tendrá que decidir entre enfrentar el problema con una postura proactiva, o quedar sepultado bajo el peso de sus omisiones. El gobierno apenas comienza, y lo segundo no parece ser una buena opción.