Afortunadamente se reabrió el debate respecto de lo que ocurre con Pensiones del Estado y la viabilidad financiera de este fondo que es para garantizar un derecho social, no un privilegio para funcionarios de alto nivel. Hoy se sabe de las ‘jubilosas’ jubilaciones que actualmente cobran más de 70 ex funcionarios públicos, los cuales perciben pensiones superiores a los 100 mil pesos mensuales, toda vez que el insostenible (aunque “legal”) sistema de pensiones permite que, incluso, un representante electo por voto popular [gobernador, diputado, regidor, p. ej.] o un funcionario público de alto nivel [magistrado, consejero, secretario o subsecretario de estado] sea pensionado tomándose como referencia el último año cotizado ante el Instituto [si se trata del sistema anterior a la reforma de 2009], o bien del registrado en los tres últimos años [si es posterior a la reforma de 2009]. Lo anterior, con independencia del sueldo que devenguen en el ejercicio de otros empleos (públicos y/o privados) y de la remuneración que reciban de otras pensiones (IMSS, p. ej.).
Todo lo anterior, sucede en detrimento del fondo de pensiones y de la sustentabilidad financiera del Ipejal. Estrictamente en materia de pensiones, el problema no deriva de los servidores públicos o burócratas que se pensionan después de sus 30 años de servicio —que promedian los 15 mil 600 pesos mensuales—, sino de aquellas ‘jubilaciones VIP’, que son superiores incluso al sueldo del Presidente de la República [cargo que, por cierto, ya no recibe una pensión vitalicia], pero que reciben personajes que siguen ostentando cargos públicos de primer nivel. De forma que se jubilan con altísimos salarios y una escasa antigüedad [20 años de aportaciones], conociéndose casos obscenos de maestros de asignatura de educación básica que, una vez siendo regidores por tres años, reciben pensión conforme a este último cargo de elección popular.
De esta manera, existen ‘pensiones doradas’ en el Ipejal, es decir, aquellas cercanas a los 200 mil pesos mensuales, que cobran ya varios ex magistrados. De manera que esto a todas luces es insostenible al fondo del Ipejal para la pensión y jubilación de los burócratas al servicio del estado, toda vez que actualmente tiene apenas tres afiliados por pensionado, y la mayoría con las reglas anteriores a la reforma de 2009.
Existen infinidad de modelos pensionarios en el mundo, no obstante, resulta cada vez más evidente la urgente necesidad de una nueva reforma al sistema de pensiones del Ipejal que establezca al menos dos cosas: un tope que establezca una jubilación suficiente, digna y decorosa (siempre y cuando el beneficiario no siga trabajando) y una promediación de la pensión sobre el sueldo devengado durante los años de servicio. Pensiones del Estado tiene como principal objetivo garantizar un derecho social. De seguir las cosas como están, entre la corrupción en las inversiones y las jubilaciones desproporcionadas, que no coinciden con el promedio de lo cotizado al fondo, el quebranto de Pensiones del Estado es lo que en realidad se está garantizando.
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