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De acuerdo con una nota publicada en El Economista, el ex presidente de la delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Carlos del Río Madrigal, indicó que este año “la inversión del gobierno federal alcanza los 5 mil 346 millones de pesos para obras” en Jalisco. Añadió que “el presupuesto estatal para obra pública superará los 23 mil millones de pesos, mientras que los gobiernos municipales de Zapopan y Guadalajara proyectan ejercer, al menos, mil millones de pesos cada uno en obras de infraestructura”.
La obra pública es un sector trascendental para el desarrollo y progreso de Jalisco. Sin embargo, a lo largo de los años ha enfrentado numerosos desafíos relacionados con la transparencia, la corrupción y la falta de imparcialidad en los procesos de contratación. Uno de los aspectos más preocupantes es la presencia de actores que se encuentran en una situación de ser ‘juez y parte’.
Resulta importante considerar que, de acuerdo con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (Lopejm) la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, los entes públicos del gobierno estatal, los municipios y demás organismos que realicen obra pública deberán constituir un (ojo) ‘Comité Mixto de Obra Pública’ (artículo 55), el cual tiene por objeto servir, de acuerdo con el artículo 56, como órgano consultivo, informativo y auxiliar en la transparencia de la evaluación de proposiciones y adjudicación de contratos y apoyar cuando se requiera en la planeación y programación de la obra pública.
De acuerdo con el artículo 57 de esta misma Ley, el Comité Mixto de Obra Pública tiene como funciones: “Revisar los programas y proyectos de presupuestos de obra pública y servicios relacionados con la misma, y en su caso formular observaciones, y; supervisar y vigilar que la adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma se realice conforme a las disposiciones aplicables”.
El caso es que el Comité Mixto de Obra Pública se compone de seis miembros con voz y voto, y uno sin voto (el testigo social). De ellos, ¡tres son designados por el gobernador del estado! Además, tres se encuentran potencialmente en conflicto de interés, al representar a los intereses de la Cámara de la Construcción, a los profesionales dedicados a este sector y; el tercero, que es nombrado por la contraloría. En los municipios ocurre lo mismo, pues son los presidentes municipales quienes designan a los titulares de las dependencias participantes: directores de Gestión Integral de la Ciudad, síndicos, tesoreros, contralores y regidores oficialistas. La única voz no alineada en el Comité Mixto de Obra Pública, son -en ocasiones-, los regidores de oposición.
Uno de los principales problemas en la obra pública en Jalisco, es el conflicto de intereses, cuando los funcionarios encargados de supervisar y regular los proyectos también tienen vínculos con las empresas contratadas. Esta situación crea un ambiente propicio para la corrupción y el nepotismo, ya que benefician a sus aliados, o incluso, a sí mismos en detrimento del interés público.
La falta de transparencia y equidad en los procesos de contratación de obra pública socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones y el gobierno. La percepción de que los proyectos se llevan a cabo de manera poco íntegra y que los funcionarios están más interesados en su beneficio personal que en el bienestar de Jalisco, deteriora la confianza en las instituciones.
Así las cosas, resulta primordial fortalecer los mecanismos de supervisión y control para prevenir y detectar posibles conflictos de interés. Esto supone implementar medidas de transparencia que obliguen a la divulgación de posibles vínculos entre funcionarios y contratistas (la tres de tres para contratistas, también), así como sanciones severas (inhabilitación y multas) para aquellos que violen estas normas. Procesos de contratación más rigurosos y transparentes, basados en criterios objetivos y técnicos. La participación ciudadana y la rendición de cuentas deben ser fomentadas en las reformas legales, permitiendo a la sociedad civil y a los organismos de fiscalización participar, activamente, en la supervisión de los proyectos de obra pública.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/juez-y-parte-tambien-en-la-obra-publica