juicio político TJAEJ
Fotografía: Notisistema
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A juicio político un ‘suertudote’ del TJAEJ

En Sesión Extraordinaria, el Congreso del Estado de Jalisco, con 24 votos a favor, cinco abstenciones y cuatro votos en contra, aprobó iniciar el procedimiento de juicio político en contra del Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (TJAEJ), Armando García Estrada.

Es precisamente uno de los dos ‘suertudotes’ magistrados del TJAEJ —junto a Alberto Barba Gómez—, a los que, por sospechosos azares ‘cuánticos’ del destino, les ‘caen’ los ‘pesados’ y ‘pesudos’ ($) casos relacionados con el desarrollo urbano (inmobiliario) de la metrópoli, y que terminan por resolver en franco y flagrante detrimento de los intereses de la ciudad, a través de sentencias que son injustas, pero, según ellos, muy “apegadas a Derecho”.

El Congreso local resolvió atender el inicio de juicio político en contra de García Estrada, por excederse en atribuciones y afectar la impartición de justicia, debido a que fue denunciado por un vecino de la colonia Providencia de Guadalajara, por ordenar tanto el levantamiento de los sellos de clausura como la suspensión de una orden de demolición de una torre de departamentos.

No es la primera vez que ciudadanos solicitan su enjuiciamiento político —al menos, en tres ocasiones más, se ha solicitado su remoción ante el Poder Legislativo—. No obstante, sí es la primera ocasión en que le es instaurado el inicio de juicio político, a efectos de que presente pruebas y alegatos para su defensa, y el Congreso, una vez erigido en Jurado de Acusación y Sentencia, resuelva si ha lugar a su destitución e inhabilitación.

Es enorme el alud de señalamientos con fuerte tufo a corrupción que arrastra en su contra. El año pasado, el ex coordinador de Innovación y Desarrollo, Herbert Taylor, denunció que García Estrada compró, en 2007, su magistratura por cinco millones de pesos, y, actualmente, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una carpeta de investigación relacionada con esta denuncia. En agosto de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, le congeló sus cuentas bancarias por poseer inmuebles, autos y cuentas que no corresponden a sus ingresos.

En los medios de comunicación, desde hace prácticamente una década, se ha retratado de cuerpo entero el sinfín de fechorías a cargo de este magistrado, y que se relacionan principalmente con la autorización de torres y complejos que violentan todo tipo de ordenamiento urbano en la materia. Ha avalado el irregular levantamiento de desarrollos inmobiliarios que arrasan con las escasas áreas naturales protegidas de la urbe; y, finalmente, haciendo gala de su impunidad, ha emitido órdenes de arresto en contra de autoridades municipales electas, que se han opuesto a sus peculiares sentencias, lo que, desde luego, termina por posicionarlo como uno de los enemigos públicos más importantes del derecho a la ciudad.

Ahora que está en boga el concepto de ‘ordenamiento territorial’, habría que discutir en cómo es que esta materia ha pasado a convertirse, en los hechos, en una competencia exclusiva de magistrados y jueces —y no de legisladores y poderes ejecutivos—, para así judicializarse el desarrollo urbano de la metrópoli instaurando una ‘tiranía judicial’.

Mi columna la puedes encontrar aquí, en Milenio.

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