Según el reciente informe de ARTICLE 19, el acoso judicial contra periodistas ha alcanzado niveles sin precedentes. Solo hasta julio de 2025
En México, la represión contra la prensa ya no se expresa únicamente con amenazas, balas o desapariciones. Hoy, el poder ha descubierto una vía más silenciosa pero igual de efectiva para silenciar: los tribunales. La censura se judicializa y se disfraza de legalidad.
Según el reciente informe de ARTICLE 19, el acoso judicial contra periodistas ha alcanzado niveles sin precedentes. Solo hasta julio de 2025, se documentaron 51 casos de litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés), superando el récord anual anterior. La cifra no es solo alarmante por su volumen, sino por la lógica que la sostiene, ya no se busca justicia, se busca castigo ejemplar.
En nombre del “daño moral”, la “violencia política en razón de género” (VPEG) o la “protección del prestigio”, se impulsa una estrategia jurídica para callar voces críticas. Paradójicamente, figuras como la VPEG, creadas para proteger a las mujeres del discurso violento, han sido utilizadas para sancionar a periodistas mujeres que cuestionan a figuras públicas. De 51 casos analizados, 25 se sustentan en esta figura. La ambigüedad legal y la interpretación arbitraria de los órganos electorales, han permitido que se exijan disculpas públicas, remoción de contenidos o incluso registros como “violentadoras” a mujeres que ejercieron su derecho a opinar. La censura, vestida de justicia de género, se vuelve herramienta del poder político.
El fenómeno no es espontáneo. Está concentrado en estados clave como Veracruz, Ciudad de México y Jalisco, y promovido principalmente por funcionarios públicos. Esto no es casualidad, porque se busca blindar candidaturas, controlar discursos públicos y castigar la disidencia. El mensaje es claro, hablar tiene consecuencias.
La libertad de expresión no puede sobrevivir si se permite que los poderosos elijan el foro, el juez y el momento para aniquilar al mensajero. El llamado forum shopping —una táctica para presentar múltiples demandas en distintas instancias— se convierte en arma de desgaste económico y emocional.
¿De qué democracia hablamos cuando opinar se convierte en un riesgo judicial? ¿Qué tipo de República castiga la verdad y premia el silencio? La censura judicial no solo amenaza al periodismo, sino que erosiona el derecho ciudadano a estar informado y a una prensa libre. Es hora de reformar la legislación para excluir al periodismo del uso faccioso de figuras legales. Derogar delitos contra el honor, limitar la VPEG a su propósito original y garantizar que los jueces apliquen el test tripartito de la Convención Americana de Derechos Humanos, no es una opción, es una urgencia. Porque cuando la ley se usa para censurar, lo que está en juego no es solo la libertad de prensa, sino la salud misma de la nación.
POR GABRIEL TORRES ESPINOZA
PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
@GABRIELTORRESES
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2025/8/29/la-censura-ya-no-grita-demanda-726012.html