Foto: Secretaría de la Defensa Nacional
Especialistas, líderes de opinión e integrantes de la ‘sociedad civil’ insisten en observar una ‘militarización’ del país, auspiciada por esta nueva institución propuesta para combatir al crimen: la Guardia Nacional. Se trata de una impropia y poco afortunada conclusión.
Es, en el mejor de los casos, una usura discursiva. ¿Por qué? Porque la militarización implica la injerencia sustantiva y excesiva de las Fuerzas Armadas en la conducción política del Estado. Esto es, en la participación directa que tienen, en un plano de definición y decisión, para moldear la voluntad política de un País. Una auténtica ‘militarización’ supone la conquista de cuotas de poder político para los mandos militares.
Lo anterior se expresa de manera nítida cuando los castrenses ocupan las secretarías o ministerios más importantes de un país, o buena parte de ellos. Con Nicolás Maduro, por ejemplo, los mandos militares despachan en las principales carteras de la administración pública; han representado entre el 26 y 48 por ciento en los últimos cinco años. Generales, comandantes y coroneles son titulares de los ministerios del Despacho de la Presidencia y la Gestión del Gobierno; Relaciones Interiores y Justicia; Agricultura; Energía Eléctrica; Petróleo; Vivienda; y, desde luego, de la Defensa. En la misma situación se encuentra Cuba y Corea del Norte. La militarización es característica de los regímenes autoritarios, totalitarios o dictatoriales; no de las democracias –por más endebles o criticables que éstas sean–. Mientras que el poder militar y civil es dicotómico en democracia, resulta indisociable en una dictadura. En democracia el poder político lo definen los votos, en un régimen autoritario es el poder militar el que sostiene al poder político, no la mayoría de los sufragios, como ocurre en México (30 millones).
Debe decirse que el mando civil en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos –país pionero en esta práctica–, exigido ahora en México, es en realidad efímero: el actual Secretario de la Defensa de Donald Trump, James Mattis, es un general; y dos de los tres Secretarios de la Defensa en los mandatos de Barack Obama, tenían antecedente militar: Leon Panetta [teniente primero] y Chuck Hagel [comandante en la Guerra de Vietnam]. De hecho, su otro Secretario, Ashton Carter, físico de Harvard, tuvo una amplia y aquilatada carrera en el Departamento de la Defensa, del que llegó a ser –con George W. Bush– subsecretario de este mismo Departamento. Como puede advertirse, eso de que se pretende ‘militarizar’ México, son más semblantes de fobias o ingenuidad, que resultado de algún dato duro que efectivamente indique ello. A final de cuentas, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas en México [el Presidente] es un civil que, como requisito de elegibilidad constitucional, no debe “estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección” (art. 82, fr. V Constitución). Paradójicamente, sobran ejemplos que demuestran que para ser titular de una fuerza policiaca ¡civil! (que pasan inadvertidas) –federal, estatal o municipal– basta con ser amigo, cómplice o compadre del titular del Ejecutivo. Por el contrario, para llegar a ser General de las Fuerzas Armadas, se requieren ascensos escalonados y progresivos que entrañan servicio de carrera y adiestramiento. Esa es, la notable diferencia.
La Guardia Nacional, ¿militariza México? En absoluto. Porque nuestras Fuerzas Armadas no forman parte, ni intervienen en los asuntos políticos del Estado Mexicano. No son elegibles para cargos de elección popular y no gobiernan. Tampoco sostienen una dictadura por la fuerza militar [Pinochet, Castro, Franco, Mussolini, Hitler, etc.]. Incluso, para los militares no supone ningún privilegio participar en el combate al crimen organizado. Ya lo mencionaba (ojo, desde el sexenio anterior) el General Cienfuegos: “el ejército no pidió salir a las calles (…) Nosotros no pedimos estar aquí [en las calles]. Si quieren que volvamos a nuestros cuarteles, soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas constitucionales”. Pero es México el que precisa hoy del Ejército -la institución armada más confiable para los ciudadanos- para enfrentar a la delincuencia organizada.
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