Muy fiel a su estilo, en ‘fast track’ y pleno ‘madruguete’, el partido en el gobierno (MC), con el respaldo del PAN y el PVEM, aprobó con 22 votos a favor y 13 en contra, la nueva “Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco”.

La oposición político-partidaria del Congreso Local hizo sendas críticas a esta práctica, cada vez más recurrente, de los “diputados ciudadanos” de la “Refundación”. La diputada local, Susana de la Rosa, presidenta de la Fracción Parlamentaria de Futuro, publicó “voté en contra (…) porque, sin tiempo suficiente para la revisión del dictamen [de más de 600 páginas], sin discusión pública sobre el dictamen final y sin el apoyo de las OSC’s (…) no se puede apoyar la ley (…) [en esta ley] se modifica la integración del comité técnico tarifario, dejando una participación mínima a la sociedad civil (…) El transporte debe ser un servicio público”. Mara Robles, diputada y coordinadora parlamentaria de Hagamos, señaló: “¡El albazo se concretó! El gobierno y la mayoría del Legislativo de Jalisco aprobaron un aumento a las tarifas del transporte público. Será un subsidio multimillonario y se dejará en mano de la inflación las próximas alzas [al transporte público] sin asumir el costo político”. Laura Haro, presidenta del PRI Jalisco, publicó en su Twitter: “¿De qué lado están algunos diputados de Jalisco? Con un madruguete, porque sólo así, podían, aprobaron en el Legislativo de Jalisco la Ley de Movilidad, que aumentará los costos de las tarifas de manera constante”. Por su parte, José María Martínez, presidente del Grupo Parlamentario de Morena, sentenció: “no se puede hacer de lo público un negocio particular, por ello las y los diputados de Morena en Jalisco no solaparemos que se sigan haciendo negocio con servicios públicos (…) Nuestro voto es en contra”.

Mónica Magaña, diputada jalisciense de MC, sostuvo que la Ley “no fue creada desde un escritorio (…) [toda vez que] tuvimos el proceso de parlamento abierto más grande que ha tenido esta Legislatura” —87 mesas de trabajo, dicen—. Inmediatamente, en Twitter, el Observatorio Ciudadano de Movilidad y de Transporte Público del Estado de Jalisco (OCMTPJ), un organismo de la sociedad civil organizada, constituido por 17 organizaciones, le respondió con especial agudeza “invitarnos a las mesas y luego no enseñarnos la propuesta final, y presentarlo como si lo avaláramos, es una simulación, una falta de respeto y una pérdida de tiempo”.

La nueva Ley de Movilidad, como se ha consignado en diversos medios, tiene dos grandes características: recaudatoria [se aumenta el monto de todo tipo de multa vial y se crean nuevas (como fumar al conducir, p. ej.)]; y se hace de un derecho humano —la movilidad— y de un servicio público —el transporte masivo colectivo— un burdo negocio [porque se indexa la tarifa del transporte público a la inflación anual y además se institucionaliza un fondo millonario para el ‘pulpo camionero’]. Asimismo, con esta Ley se legalizan los ‘mototaxis’ (ahora llamados “transporte comunitario”), y se obvió por completo el corrupto sistema de las ‘alcancías rateras’ y la escasez de policías viales para agilizar el tráfico en ‘horas pico’ y ‘cuellos de botella’.

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