En Jalisco, más de mil niñas, niños y adolescentes enfrentan una orfandad que no solo es desgarradora, sino profundamente ignorada. Una orfandad que se origina en la desaparición forzada de sus padres. Son huérfanos del crimen y de la indiferencia institucional. Las cifras reveladas por el DIF estatal —1,113 menores en esta condición, solo en 29 municipios— deberían sacudir la conciencia pública y encender las alarmas de la sociedad. Pero no es así.
Zapopan encabeza esta tragedia con 249 casos, seguido por Guadalajara con 175. Estos números no son únicamente estadísticas frías; son biografías interrumpidas, familias desmembradas y derechos fundamentales vulnerados. Se trata, como ha señalado la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), de “víctimas indirectas”, pero el término queda corto ante la dimensión real de su desamparo. No son solo víctimas colaterales, son los nuevos rostros de una violencia estructural que arrasa generaciones.
México ha firmado y ratificado tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 39 obliga a los Estados parte a adoptar medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica de niños víctimas de cualquier forma de negligencia, explotación o trato inhumano. Sin embargo, como advierte Juan Martín Pérez, director de la ONG Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe, existe una ausencia flagrante de políticas para restituir derechos a estos menores. No se les reconoce como sujetos de derechos, ni como prioridad política, y eso se traduce en omisión institucional y revictimización.
La desaparición de un padre suele implicar la pérdida del principal sostén económico. En una entidad donde más de 15 mil personas siguen desaparecidas —la mayoría hombres jóvenes entre 20 y 39 años— el impacto económico sobre los hogares es atroz. El daño no solo es emocional, sino también estructural. El programa “Acompañar la Ausencia” —que otorga un apoyo económico bimestral de apenas 2,500 pesos y una dotación alimentaria— representa un gesto mínimo ante un problema sistémico.
El acceso a mecanismos como la Declaración Especial de Ausencia, creada en 2019, es limitado y poco difundido. Aunque permite nombrar a un representante legal para proteger derechos patrimoniales, entre 2020 y 2023 se presentaron poco más de 280 solicitudes, lo que demuestra la inaccesibilidad del mecanismo para muchas familias.
Las omisiones institucionales no son menores. De las 19 recomendaciones emitidas por la CEDHJ entre 2018 y 2023, ninguna contiene estudios específicos sobre el impacto de las desapariciones en las infancias. Y en la última de ellas, la 13/25, se documentan deficiencias graves en la protección a víctimas indirectas. Se trata de una doble ausencia, la del ser querido y la del gobierno.
En paralelo, persiste una crisis de salud mental no atendida. Las y los menores enfrentan ansiedad, temor, abandono y estigmatización. Las escuelas no están preparadas para responder con sensibilidad a estas realidades, y las familias, inmersas en procesos de búsqueda, carecen de los recursos y tiempo para brindar la atención necesaria. El resultado es una generación de infantes fracturada, marcada por el trauma y la incertidumbre.
Las personas que buscan a sus familiares desaparecidos también son blanco de violencia. Desde 2010, 27 buscadores han sido asesinados en Jalisco y tres más permanecen desaparecidos. El gobierno ha fallado no solo en prevenir la desaparición, sino también en proteger a quienes se niegan a normalizarla.
En diciembre de 2024, Héctor Flores, del Colectivo Luz de Esperanza, denunció la inexistencia de cifras oficiales sobre hijas e hijos de desaparecidos. Si la atención a las víctimas adultas es deficiente, dijo, “para los menores de edad es aún más crítica”. Urgió a crear un área especializada en la Comisión de Víctimas para atender a la niñez afectada. Hasta hoy, esa reivindicación sigue sin respuesta.
Los menores en condición de orfandad, por desaparición forzada, no pueden ser invisibles. Sus vidas están en suspenso, a la espera de justicia, de memoria y de verdad. Y esa espera —dolorosa, injusta, prolongada— también los hace víctimas de otra forma de violencia.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/la-orfandad-invisible-por-la-desaparicion-forzada