El reto será que el método elegido para la reforma electoral sí abra la puerta a la pluralidad.
Una reforma electoral de “gran calado” se plantea desde una comisión integrada exclusivamente por funcionarios de la Presidencia de la República. Con un decreto publicado el 14 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum constituyó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, integrada por siete figuras cercanas a su gobierno, con Pablo Gómez como coordinador.
El mandato de esta comisión es realizar consultas, analizar el sistema electoral y presentar conclusiones en enero de 2026. El método que se ha definido combina foros de consulta con un trabajo interno de diagnóstico y redacción de propuestas. Aunque se trata de un órgano presidencial, se ha anunciado la apertura para escuchar voces de la sociedad civil, especialistas y partidos políticos, lo que será clave para legitimar cualquier cambio.
En términos de contenido, el debate previsto aborda 14 ejes temáticos: derechos políticos, voto, representación, sistema de partidos, propaganda, financiamiento, prerrogativas, fiscalización, mecanismos de participación ciudadana (incluida la revocación de mandato) y la configuración de autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales. Es decir, no se trata de una reforma acotada, sino de un rediseño potencialmente integral del sistema electoral.
Algunos temas ya han sido adelantados, como la posibilidad de reducir el presupuesto del INE, ajustar el financiamiento público a los partidos para que se concentre en años electorales, modificar el esquema de representación proporcional, e incluso replantear el número de consejerías electorales. También se ha abierto la puerta a flexibilizar los requisitos para la creación de nuevos partidos, aunque ello podría entrar en tensión con otras medidas que restringen el acceso a curules a quienes obtengan pocos votos.
El alcance de la reforma, si prospera, podría modificar de manera sustantiva la forma en que se compite y se representa el poder en México. Por un lado, existe la posibilidad de que se busque una mayor correspondencia entre votos y representantes, para evitar sobrerrepresentaciones como las observadas en Legislaturas recientes. Por otro, la eventual eliminación o reducción de los escaños proporcionales podría reconfigurar la representación de minorías políticas y sociales.
Lo que está en juego no es solo la estructura del árbitro electoral, sino el equilibrio entre mayoría y pluralidad, entre austeridad presupuestal y suficiencia de recursos para garantizar elecciones íntegras. Los alcances, todavía en discusión, marcarán el sistema electoral para la próxima década.
Si este ejercicio logra articular técnica, apertura y acuerdos, podría sentar las bases para una reforma que actualice las reglas de la competencia democrática a las demandas de un país más plural y competitivo. El reto será que el método elegido sí abra la puerta a esa pluralidad.
POR GABRIEL TORRES ESPINOZA