Gaceta UDG/Imagen Internet
Habría que considerar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, de INEGI, la ‘cifra negra’ —que corresponde tanto a los delitos no denunciados, como aquellos que no derivan en una carpeta de investigación— asciende al 93.2% de los actos delictivos. Respecto de los delitos que sí son denunciados y derivaron en una carpeta de investigación, debe decirse que en el 50.8% de los casos esta carpeta de investigación “no resolvió nada”, y un 26.6% más tiene como estatus “estar en trámite”. Es decir, ¡los delitos que sí son denunciados y derivan en una carpeta de investigación, acreditan una impunidad del 77.4%!
Al respecto, conviene recordar, aquella icónica frase de la jurista alemana y ex ministra federal de justicia del mismo país, Herta Däubler-Gmelin: “la impunidad es sencillamente lo contrario al Estado de Derecho”. En este mismo tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos coincide al señalar que “la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas”.
Por esta razón, es que el “Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022”, elaborado por World Justice Project, que cuantifica el nivel de robustez del Estado de Derecho, respecto de los gobiernos de las 32 entidades federativas, mismo que se realiza con base en ocho factores: I) límites al poder gubernamental; II) ausencia de corrupción; III) gobierno abierto; IV) derechos fundamentales; V) orden y seguridad; VI) cumplimiento regulatorio; VII) justicia civil; y VIII) justicia penal, deja a Jalisco muy mal parado. En principio, se advierte que, nuestra entidad, se ubica por debajo de la ‘media nacional’ en siete de los ocho factores antes citados. No obstante, destacan los siguientes. En cuanto al factor “ausencia de corrupción”, nuestro estado se encuentra en el peldaño 27, con un ‘score’ de apenas 0.32 —donde 1.0 es el máximo deseable—. En “derechos fundamentales” se sitúa en el lugar 23º, con un ‘score’ de 0.47. En “orden y seguridad”, se ubica en el lugar 21º, con un ‘score’ de 0.33. Y, finalmente, en “justicia penal” se posiciona en el lugar 22º, con un ‘score’ de 0.34.
Por su parte, el estudio “Hallazgos 2021: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, elaborado por México Evalúa, señala que, en cuanto al ‘Índice de Impunidad y Grado de Efectividad del Sistema de Justicia Penal 2021’, en el estado de Jalisco, la impunidad de todos los delitos registrados, en 2021, ascendió al 95.4%, ¡para así ubicarse en el 7º lugar del ranking nacional! Aunque la impunidad es multifactorial, puede explicarse, en buena medida, por la capacidad instalada y el presupuesto asignado en las instituciones encargadas brindar seguridad, y procurar e impartir justicia.
Así es como, de acuerdo con México Evalúa, el presupuesto institucional del Gobierno del Estado de Jalisco, en materia de Seguridad y Justicia, medido en ‘tasa’, esto es, “por cada de 100 mil habitantes”, es el siguiente: I) 51.6 millones de pesos (mdp) en seguridad pública, cuando la media nacional es de 118.6 mdp; II) 27.4 mdp en su Fiscalía, cuando la media nacional es de 51.9 mdp; y III) 22.6 mdp en su Poder Judicial, cuando la media nacional indica un presupuesto de 89.2 mpd. Asimismo, este estudio sostiene que en Jalisco: el ‘número de policías estatales por cada mil habitantes’ es de apenas 0.3 —el quinto más bajo del país—, cuando la media nacional es de 0.9; el ‘número de policías ministeriales o investigadores por cada 100 mil habitantes’ es de 15.9, cuando la media nacional es de 21.1; el ‘número de fiscales o agentes del ministerio público por cada 100 mil habitantes’ es de 7.4, cuando el promedio nacional es de 12.8; y, finalmente, el ‘número de personas juzgadoras en el Sistema de Justicia Penal por cada 100 mil habitantes’ es de 0.8, cuando el promedio nacional es de 1.2.
Todos, récords para reflexionar sobre los contrastes entre Jalisco y la media nacional, respecto de la díada ‘seguridad’ (en cuanto a la prevención del delito) y (en procuración e impartición de) ‘justicia’ en nuestra entidad federativa.
Gabriel Torres Espinoza