Ayer, El Informador publicó que la Consejería Jurídica del Gobierno de Jalisco, a través de la oficina de transparencia, detalló que “por irregularidades como falsificaciones en escrituras o instrumentos relacionados con su función notarial, en la actual gestión cinco personas han sido sancionadas con revocación de nombramiento de notario y su inhabilitación definitiva. Señala la nota de marras que “hay otros cinco notarios que se mantienen en sus cargos mediante amparos, pese a acusaciones de fraude específico y falsificación de documentos emitidos por el Estado. Incluso, la nota referida consigna que “Jaime Natera, titular del Colegio de Notarios de Jalisco, aceptó que había notarios que no estaban actuando conforme a derecho, los cuales tienen procesos penales en su contra”.
El notariado es una institución sustancial para cualquier sociedad. El notario desempeña un papel transcendental en la protección de los derechos y la seguridad jurídica de las personas. Los notarios, como profesionales del derecho (por eso presentan exámenes y reúnen una cantidad importante de requisitos), deben desempeñar la función de autenticar documentos, dar fe de actos y contratos, y asegurar que las transacciones legales cumplan con los requisitos y formalidades establecidas por la ley. No obstante, la evidencia que nos muestra la realidad es que en no pocas ocasiones esta importante figura se entrega a irregularidades y malas prácticas que carcomen la certeza legal, y acarrean consecuencias graves para las personas y las empresas involucradas.
Las malas prácticas de algunos notarios, como los referido en la publicación de El Informador, socavan la reputación de toda la profesión, lo que engendra desconfianza generalizada en los servicios notariales. Además, las personas afectadas por irregularidades notariales pueden enfrentar disputas legales prolongadas y costosas, lo que acarrea una mayor incertidumbre sobre la certeza legal. Es esencial que las autoridades y las instituciones encargadas de regular la profesión notarial actúen con firmeza para prevenir y sancionar cualquier acto irregular, básicamente porque la inseguridad jurídica desincentiva la inversión y afecta la actividad económica, al aumentar el riesgo para todos.
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