El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) expandió su área de operación ahora con la reciente incorporación de los municipios de El Salto y Juanacatlán. Aprobado por el Congreso de Jalisco, representa la inclusión de 12,714 nuevas cuentas en una primera etapa, distribuidas en siete colonias, con 7,828 usuarios en Juanacatlán y 4,886 en El Salto.
El desafío no es únicamente técnico; es también financiero. Ambos municipios enfrentan deudas millonarias con el SIAPA. Juanacatlán debe más de 40 millones de pesos por el suministro de agua en bloque entre 2021 y 2024, mientras que El Salto adeuda más de 70 millones. Este pasivo representa no solo un obstáculo para la sostenibilidad financiera del SIAPA, sino también un reflejo de la incapacidad histórica de estos municipios para garantizar su propio abasto de agua.
Los costos podrían aumentar ante el deterioro continuo de los mantos acuíferos y la falta de mantenimiento en las redes locales. Este panorama no augura una solución inmediata ni definitiva, sino más bien una serie de nuevos problemas que requerirán recursos adicionales.
El SIAPA se enfrenta a una crisis que no puede ser ignorada. Durante más de tres décadas, la oferta de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara ha permanecido prácticamente estancada. Entre 1992 y 2023, la capacidad de suministro no aumentó de manera significativa, lo cual es una fuente de creciente presión sobre los 1.3 millones de usuarios que dependen del SIAPA. Con la puesta en marcha de la presa El Zapotillo, la oferta comenzará a incrementarse, aunque no al ritmo necesario para soportar la expansión urbana sin control.
El verdadero problema radica en la política del SIAPA de no negar el abastecimiento a nuevos proyectos inmobiliarios, sin considerar las implicaciones que esto tiene para el suministro en su conjunto. La dispersión urbana ha provocado que el agua llegue cada vez a más usuarios, pero a costa de reducir la cantidad disponible para quienes ya estaban conectados. Al incorporar desarrollos en zonas alejadas, sin atender el equilibrio entre oferta y demanda, el SIAPA coloca en riesgo su capacidad de operación, exacerbando una crisis que ha sido aumentada por la falta de una política hídrica coherente.
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