La muerte de la periodista Lourdes Maldonado, el pasado 23 de enero, atestiguó de nueva cuenta el clima de violencia e inseguridad del que es objeto el periodismo que ejerce el derecho a disentir y a la crítica al poder, para así socavar el ejercicio de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en nuestro país. De esta manera, a casi cuatro semanas de recién iniciado el 2022, ya han sido brutalmente asesinados dos periodistas en Tijuana, Baja California; y uno más en Veracruz —por cierto, la entidad que más homicidios dolosos reporta en contra de periodistas desde el año 2000, según Artículo 19—.

Pero la violencia contra el periodismo libre e independiente no sólo se expresa como ‘violencia física letal’ en contra de quienes ejercen la libertad de prensa, sino en forma de ‘violencia verbalizada’, con recurrentes y crecientes calificativos peyorativos pronunciados en voz de quienes ocupan las más altas magistraturas de la representación política en nuestro país. De forma que, en tiempos actuales, el poder político entiende a la disidencia, como vil estridencia. Y encuentra, además, en el cuestionamiento al poder, el fiel testigo de una paranoica voluntad de ‘desestabilización política’. Observa en la crítica, el innegable atisbo de una franca animadversión. Todo lo anterior, posiciona a las y los periodistas, como un imaginario adversario o enemigo que conspira en contra del poder, gobierno o régimen.

De acuerdo con Artículo 19, desde el año 2000, se han documentado 148 asesinatos en contra de periodistas, debido al ejercicio de su labor: son 136 hombres y 12 mujeres. El Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, coincide con este fatídico conteo: reporta 146 asesinatos, en el mismo periodo, y un total de 17 desapariciones. Con base en Artículo 19, el clima de violencia se ha recrudecido en el actual sexenio: son 28 los asesinatos contabilizados en contra de periodistas en lo que va del mandato de López Obrador —adicionales a los tres acaecidos en 2022—. Mientras que fueron 47 los registrados en el sexenio de Peña Nieto; y 48 en el de Calderón.

Sin embargo, lo peor de todo, es la ofensiva impunidad que prevalece sobre ellos. La propia Segob reconoce que, del total de asesinatos cometidos en contra de periodistas durante la actual administración, apenas ¡el 9% ha concluido en sentencia! Es decir, 91% permanecen impunes. Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) advierte que México es el segundo país más mortal para periodistas, ¡después de Siria! Lo anterior toda vez que el 86% de los homicidios a comunicadores, desde 2006, han quedado sin sanción o castigo.

Conviene destacar que la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), en su ‘Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021’, posiciona a México en el lugar 143 de entre 180 países evaluados. De esta manera, RSF concluye sobre nuestro país que “México sigue siendo, año tras año, uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los medios. A pesar de que recientemente se han producido algunos avances, el país continúa hundiéndose en la infernal espiral de la impunidad”.

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