Dice el diccionario que la independencia es «la antinomia de la dependencia». Para el caso del Fiscal Anticorrupción, la independencia en una institución que puede existir o funcionar por sí misma, sin que deba aceptar, tolerar o permitir injerencias externas. Mientras que la autonomía «se relaciona con poder ejercer derechos y tomar decisiones o decidir sin la intervención de otra persona o sujeto social». Implica, naturalmente, la capacidad de autodeterminación. Si se trata de combatir con la mayor eficacia la corrupción; la independencia, es, en principio, un punto fundamental para el óptimo funcionamiento de la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción. De lo contrario, tendremos más burocracia, para seguir igual. Un ‘gatopardismo’ muy propio de los gobiernos de México, que responden con burocracia a demandas sociales muy sentidas, que luego no solucionan los problemas que motivaron su creación. En este caso, un fiscal dependiente de un acuerdo cupular bipartidista, sometido al favor que le hicieron al ungido de incluirlo en la terna, para poder ser electo.
Movimiento Ciudadano y el PRI legislaron un proceso para nombrar un Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, que podría llegar a ser autónomo –tal vez-, pero dependiente del favor político de estas dos fuerzas mayoritarias representadas en el Congreso, al dejar la decisión del legislativo, maniatada a una terna. Si bien ayer se publicó la disposición del Ejecutivo para que sea el Comité de Participación Social el que filtre la lista para integrar la terna; es decir, que confeccionaría la terna de entre los propuestos por este grupo de «ciudadanos», la intervención del Ejecutivo en el proceso resulta ociosa o claramente contradictoria con la idea de la independencia que debería ostentar esta figura (existir o funcionar por sí misma, sin que deba aceptar, tolerar o permitir injerencias externas). Entonces, ¿para qué interviene el gobernador en esto? ¿Se quiere o no que esta figura sea independiente, o sólo que ya nombrado, ejerza algún grado de autonomía, siempre que no se trate de aquellos que lo favorecieron para estar en la terna?
La postura del partido en el gobierno resulta hasta cierto punto lógica, si se entiende que la política es, como afirmó el sociólogo alemán Max Weber, una actividad de interesados. El interés del PRI al sostener la terna, obvio tiene que ver con su capacidad para incidir (lo contrario a la independencia) en un proceso importante, con ventaja sobre los otros partidos representados en el poder Legislativo. Lo que realmente no se comprende es el acuerdo de Movimiento Ciudadano (¿cuál es el interés que lleva en esto?) para legislar y respaldar la intervención del Poder Ejecutivo en el proceso –con la terna- para nombrar al Fiscal Anticorrupción de Jalisco. Sobre todo, porque este mecanismo va a contrasentido de lo dispuesto en el ámbito federal, dónde sólo corresponderá al Senado de la República la designación del Fiscal Anticorrupción de la Nación, sin intervención alguna del Poder Ejecutivo. Piensa mal y acertarás… Las dos expresiones políticas con más protagonismo en Jalisco, ahora sorprendentemente muy bien puestos de acuerdo en que el Poder Ejecutivo intervenga, a través de una terna, en el proceso para nombrar al Fiscal Anticorrupción de Jalisco. Al menos preguntemos, ¿a cambio de qué? ¿Qué gana el partido de los autonombrados «ciudadanos libres», contraviniendo abiertamente el proceso de independencia establecido a nivel federal para esta figura? ¿Qué acuerdo traen ya para Jalisco? ¿Será parte del trato de impunidad, a cambio de una transición pactada?
La independencia del Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción de Jalisco, y su posterior funcionamiento independiente, está –ojo- justamente en los detalles del proceso para elegir al titular. Debería operar un modelo de ‘congreso abierto’ para la elección del Fiscal Anticorrupción, sin injerencia de los otros dos poderes. La clave está, no únicamente en la evaluación de currículums (que dice muy poco para estos efectos), sino de los posibles conflictos de interés, y de su declaración de bienes. Más puntualmente, en el acuerdo MC-PRI, ¿qué se traen entre manos?