El transhumanismo, movimiento filosófico y tecnológico, promueve la mejora de la condición humana mediante avances científicos. En su vertiente más moderna, se presenta como un paradigma que aboga por la expansión de las capacidades físicas, mentales y sensoriales de las personas. Sin embargo, los progresos en la neurociencia y la inteligencia artificial (IA) plantean dilemas éticos profundos, especialmente en torno a la protección de los derechos fundamentales que deberían salvaguardar nuestra identidad y libertad mental. Así surgen los ‘neuroderechos’, una nueva generación de derechos humanos concebidos para afrontar los riesgos y desafíos de estas tecnologías emergentes.

Los ‘neuroderechos’ han sido definidos como derechos orientados a proteger la integridad mental y física de las personas frente a las tecnologías conectadas al cerebro. Rafael Yuste y MarcelloIenca proponen cinco principios fundamentales: el derecho a la identidad personal, la agencia, la privacidad mental, el acceso equitativo a las mejoras mentales, y la protección contra el sesgo algorítmico. Estas propuestas buscan establecer un marco ético y normativo frente al uso cada vez más extendido de la neurotecnología y su potencial para manipular o modificar el comportamiento humano.

Los avances en neurociencia, particularmente en neurotecnologías como las interfaces cerebro-computadora y dispositivos de neuromodulación, han abierto posibilidades extraordinarias en el ámbito médico, como el tratamiento de enfermedades neurológicas, trastornos mentales y parálisis. Así las cosas, estos mismos desarrollos representan amenazas significativas si no se ocurren dentro de límites éticos claros. La manipulación directa de la actividad cerebral a través de estos dispositivos, no solo podría alterar la estructura mental de un individuo, sino también recolectar datos sensibles para fines comerciales o de vigilancia, como lo señala la UNESCO.

Diversos países han comenzado a establecer normativas que aborden estos riesgos. En 2021, Chile se convirtió en el primer país en incorporar los ‘neuroderechos’ en su Constitución, resguardando la actividad cerebral y la información derivada de ella. Este hito es crucial para garantizar la protección de las personas frente a la manipulación mental y el control de datos neuronales. De igual forma, en Argentina se discute la regulación de estos datos como medios de prueba en procesos penales, mientras que en Brasil se ha presentado una reforma para considerar los datos neuronales como información sensible. En Estados Unidos, en Colorado,se ha modificado su ‘Privacy Act’, para incluir los datos biológicos y neuronales bajo una protección más estricta que la legislación federal.

Resulta hoy imprescindible reflexionar sobre los riesgos inherentes al uso incorrecto de la neurociencia y la IA. La explotación comercial de datos neuronales y el desarrollo de tecnologías para la manipulación mental representan amenazas reales para la privacidad, la identidad, la dignidad de la persona y la libertad de pensamiento. Sin un marco referencial adecuado, corremos el riesgo de que estas tecnologías se utilicen para propósitos contrarios al bienestar humano, como la vigilancia masiva, la manipulación de opiniones o el condicionamiento psicológico.

La crítica fundamental radica en que, mientras los beneficios médicos y científicos son innegables, la falta de referencias normativas puede llevar a un escenario distópico, donde el acceso y control de nuestros pensamientos se convierta en moneda de cambio para intereses corporativos o gubernamentales.

La irrupción de la neurotecnología y la IA en la esfera pública y privada plantea desafíos complejos que deben ser abordados de inmediato. Es necesario crear un equilibrio entre la innovación científica y el respeto por los derechos humanos, estableciendo salvaguardas normativas y éticas que aseguren que estas tecnologías se utilicen para mejorar la vida de las personas sin comprometer su autonomía, privacidad, dignidad y bienestar mental. El debate sobre los ‘neuroderechos’ debe ser una prioridad si queremos evitar que las promesas del transhumanismo se conviertan en herramientas de control, y motivo de conflicto.


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