Estas empresas, conocidas como “empresas fantasma” o EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), simulan operaciones fiscales para beneficiarse ilegalmente
En 2017, el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) revelaron que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se había desviado recursos mediante convenios fraudulentos por un valor de 7,670 millones de pesos (403 millones de dólares).
Ahora, una investigación realizada por El Universal, revela que al menos ¡562 notarios en México! han ‘legalizado’ la creación de 1,171 empresas que han defraudado a la hacienda pública. Estas empresas, conocidas como “empresas fantasma” o EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), simulan operaciones fiscales para beneficiarse ilegalmente.
El Universal destaca casos de notarios que, lejos de cumplir con su deber de certificar actos legítimos, han contribuido activamente a la creación de estas empresas. El problema no es menor. Según datos del SAT, entre 2014 y 2019, las compañías factureras habrían evadido impuestos por 354 mil 512 millones de pesos, una cifra que representó el 1.4% del Producto Interno Bruto del país.
La mayor concentración de empresas fantasma se encuentra en Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca y el Estado de México, donde se reúne el 54% de estas compañías.
Los notarios, como fedatarios públicos, desempeñan un papel esencial en la estructura legal y económica del país. Sin embargo, cuando su poder se utiliza para facilitar actividades ilícitas, se convierte en una amenaza directa al Estado de derecho y a la justicia social.
Es imperativo que se implementen medidas rigurosas de supervisión y sanción para asegurar que aquellos encargados de dar fe pública, actúen con la integridad y probidad que su cargo exige.
Los casos de empresas fantasma en México, desde la ‘Estafa Maestra’ hasta la ‘Operación Safiro’, revelan una corrupción arraigada que trasciende administraciones y sectores. La magnitud de estos fraudes no solo afecta las finanzas públicas, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales.
Resulta necesario que se apliquen medidas más rigurosas de supervisión y sanción para asegurar que aquellos encargados de administrar los recursos públicos, actúen con mayor responsabilidad y rindan cuentas.
El SAT y las organizaciones civiles han hecho esfuerzos significativos para erradicar este fenómeno, pero la proliferación de empresas fantasma es una realidad alarmante. La complicidad de actores tanto del sector público, como privado, en estos esquemas de corrupción muestra la necesidad de una reforma profunda en la regulación y supervisión de la creación y operación de empresas.
Así como a la revisión de la participación de algunos notarios en esta práctica fraudulenta, porque tanto el gobierno como el sector privado, utilizan empresas fantasmas para desviar recursos y evadir impuestos. Un problema de corrupción estructural.
POR DR. GABRIEL TORRES ESPINOZA
PROF. INVESTIGADOR EN LA UDG
@GABRIELTORRESES
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2024/5/30/notarios-empresas-fantasma-607872.html