Sin embargo, esa promesa, en algunos casos, terminó traicionada desde dentro. Algunos de estos órganos, lejos de ejercer con firmeza su autonomía
Los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA) nacieron en México como antídoto contra la concentración del poder. Eran la promesa de una nueva arquitectura institucional con decisiones técnicas, imparciales y alejadas de las pasiones políticas. Se les dotó de autonomía financiera, estructura propia y facultades que antes correspondían a los tres poderes constituidos. Todo, para blindarlos de los vaivenes partidistas y garantizar derechos ciudadanos tan esenciales como el acceso a la información, la transparencia de los procesos electorales, la regulación de mercados estratégicos o la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, esa promesa, en algunos casos, terminó traicionada desde dentro. Algunos de estos órganos, lejos de ejercer con firmeza su autonomía, optaron por cederla voluntariamente. Lo hicieron no por un mandato de reforma, sino por una decisión política de quienes los integraban. En lugar de resistir presiones externas, se entregaron al confort de las cuotas partidistas, al cálculo de la conveniencia política o al simple silencio cómplice. Se volvieron “autónomos” solo en el nombre, pero capturados en la práctica por gobiernos de distintos signos, que les pusieron correa.
Basta mirar lo ocurrido con varios órganos garantes de transparencia locales, como el ITEI en Jalisco, y otros órganos locales que sucumbieron mucho antes de su extinción legal. Su independencia ya estaba comprometida, porque sus órganos de gobierno se convirtieron en espacios de negociación política. Un consejero para un partido y otro para el gobierno en turno. Esa lógica destruyó su misión original y debilitó su legitimidad.
Así, cuando llegó el momento de discutir su permanencia, ya eran organismos fáciles de sacrificar. La sociedad percibía poco valor en defenderlos, porque se convirtieron en burocracias sin garra, más preocupadas por sobrevivir políticamente, que por cumplir su función pública autónoma. Como fue el caso del INAI, envuelto en escándalos internos de corrupción.
Pero ojo, el problema no es la autonomía como concepto, sino la autonomía mal ejercida. En vez de blindar derechos y garantizar controles sobre el poder, algunos órganos terminaron como agencias de colocación de cuotas o refugios de élites burocráticas. La captura por decisión propia, es la forma más silenciosa y devastadora de perder independencia, porque convierte al organismo en un cascarón fácil de desmontar.
La pregunta es, ¿qué hicieron para merecer su propia extinción? Y la respuesta incómoda es que, en parte, aceptaron componendas, dejaron de ser contrapesos, renunciaron a la defensa de los derechos ciudadanos, para convertirse en meros observadores inocuos.
La lección es dura. La autonomía no se pierde cuando te la quitan; se pierde cuando decides entregarla. Y esa es una renuncia que ningún diseño constitucional puede corregir, por sí mismo.
POR GABRIEL TORRES ESPINOZA
PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
@GABRIELTORRESES