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El día de ayer, el Pleno del Congreso del Estado, aprobó imponer un crédito fiscal [resarcimiento de los daños a la hacienda o patrimonio público] al Ipejal por 495 millones de pesos, por anomalías registradas en la Cuenta Pública de 2017, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). El monto tendrá que ser reembolsado por los otrora director general del Ipejal, director de Finanzas; titular de Servicios Médicos; directora de Administración y Servicios; y el jefe de Contabilidad.

Se trata de un crédito fiscal del que no se tiene registro en la historia reciente de Jalisco. A efectos de dimensionar lo anterior, conviene destacar que, de 2009 a 2020, el Poder Legislativo había impuesto cargos por poco más de mil 146 millones de pesos, producto de la fiscalización que la ASEJ ejerce sobre los poderes estatales, gobiernos municipales, órganos constitucionalmente autónomos, fideicomisos y entes públicos de la entidad.
De forma que el crédito fiscal aprobado el día de ayer en el Congreso, representa el 43.2 por ciento –casi la mitad– del monto del total al que ascienden los 86 créditos fiscales (con valor de mil 146 mdp) que se han impuesto en prácticamente la segunda década de este siglo (2009-2020). De ese tamaño es la malversación de los recursos del Ipejal, en tan sólo un año (2017), frente a lo ocurrido en todas las entidades fiscalizables de Jalisco en 11 años. De Jalisco para el Mundo.
Irónicamente, en el Presupuesto de Egresos de 2017 del Ipejal, se habían etiquetado 323 millones 488 mil 600 pesos al Objetivo “asegurar la salud financiera de la Institución”. Ayer, el Poder Legislativo Local evidenciaba lo verdaderamente ocurrido, que en realidad fue diametralmente opuesto al entonces fin esperado, toda vez que el insano manejo de los pillos de Ipejal superó en un 53 por ciento ese monto. De esta manera, el dinero destinado al supuesto saneamiento a Ipejal (488.6 mdp), terminó superado por un crédito fiscal multimillonario (495 mdp) del que no se tengan precedentes en la entidad, para así retratar el cochinero que prevalecía en el manejo de las finanzas de los fondos de las pensiones y jubilaciones.
No sólo debe asegurarse el resarcimiento de ese daño al patrimonio del Ipejal, que deriva de las aportaciones de los servidores públicos del Estado afiliados al Instituto, sino el saneamiento tanto administrativo, como penal de quienes perpetraron y dilapidaron los recursos de este organismo público descentralizado. Van varios botones de muestra.
En Brasil, por 234 mil dólares invertidos en la reestructuración de una finca que ni siquiera era suya, su ex presidente, Lula da Silva, fue condenado a 12 años y 11 meses de cárcel. Esos 234 mil dólares, a valor actual (20.23 pesos por dólar), equivaldrían a 4.73 millones de pesos. En una ‘maroma’, aunque con pocos grados de dificultad, un funcionario de primer nivel o super asesor externo del Ipejal se los embolsa, sin que exista la mayor repercusión fiscal, administrativa, política y/o penal. Vamos, por poco menos (21.7 millones de dólares o 439 millones de pesos), durante 2017-2018, la entonces presidenta en funciones de Corea del Sur, Park Geun-hye, fue destituida y condenada a 24 años de cárcel. Pero en Jalisco, quien la hace, no la paga.

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https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/otro-desfalco-al-ipejal-por-495-millones