pensiones doradas
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Pensiones ‘doradas’ e inversiones fallidas

El lunes pasado, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, presentó una iniciativa de ley con el fin de mitigar las causas que han llevado a la inviabilidad financiera de las ‘pensiones doradas’ en el Instituto de Pensiones de Jalisco. El primero que se determina a comenzar a combatir la cloaca en que se ha convertido esa institución.

Existen un total de 959 pensionados por jubilación, cuyo monto mensual superó los 50 mil pesos [cuando el promedio al que ascienden las pensiones de los burócratas jaliscienses, afiliados a Ipejal, es de 15 mil pesos]. No obstante, he aquí el quid de la cuestión, todas estas pensiones —superiores a los 50 mil pesos mensuales— pertenecen a ex funcionarios electos popularmente y/o de primer nivel. De forma que la máxima pensión otorgada equivale a poco más de 206 mil pesos mensuales, mientras que la menor pensión alcanza apenas los 772 pesos mensuales.

Este sistema pensionario se encuentra en franca ruta de quebranto (revelado por el mismo director) y en riesgo ese derecho para casi 45 mil ex servidores públicos, por —entre otras tantas cosas— otorgar ‘jubilosas jubilaciones’, que simplemente NO corresponden con el promedio de sus aportaciones al Fondo de Pensiones.

Con relación a lo anterior, es importante destacar que, desde 2019, el pago de nómina de pensionados superó los ingresos por aportaciones de afiliados, dejando un déficit de 58 mdp. De no hacerse nada, en 2029, las Reservas del Fondo se agotarían por este déficit que no deja de crecer, y se requerirán aportaciones extraordinarias por casi cinco mil mdp anuales. De esta manera, esta reforma pretende reducir el tope máximo para pensiones que hoy es de 35 salarios mínimos [148 mil pesos mensuales], a 25 salarios mínimos como establece la Ley del Seguro Social [equivalente a 106 mil pesos], lo cual es absolutamente sensato.

Lo particularmente relevante de esta reforma es que no obvia el pasado —debido al principio de irretroactividad de la ley—, para así establecer este razonable límite o tope al monto de las ‘pensiones VIP’ tanto preexistentes (‘pensiones doradas’), como inminentes (en curso) y futuras (las que se rijan bajo la nueva reforma). En la Exposición de Motivos se fundamenta lo anterior en criterios de la CIDH; también en tesis, criterios y jurisprudencia de la SCJN. Está por verse la consistencia jurídica de la iniciativa.

Ayer el gobernador anunció que la Contraloría interpuso una denuncia penal, en contra de quien o quienes resulten responsables, por la autorización y otorgamiento de la ‘pensión dorada’ de ‘Chema’ Martínez. Esta sería ya la sexta denuncia penal que Teresa Brito presenta respecto de asuntos de Ipejal. Se dio a conocer, también, las denuncias (que en esta columna se detallaron este lunes) presentadas contra el Comité de Inversiones (que hoy sesiona) y que se advierte como el VERDADERO RESPONSABLE de las multimillonarias inversiones fallidas, en auténticos fraudes en contubernio con empresarios corruptores. Ayer se refirió a uno, el caso ‘Abengoa’, del que el gobernador dio detalles, respecto de la denuncia que ya fue presentada. Ojo… hay un solo miembro del Comité de Inversiones que ha permanecido por tres sexenios, y que es origen y explicación de buena parte de lo que ahí ocurre.

Mi columna también la puedes ver aquí, en Milenio.

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