Las inversiones fallidas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco no son episodios aislados, constituyen la expresión de una política financiera permisiva frente al riesgo inminente de quiebra. Tan solo en dos empresas de transporte, Grupo Herradura de Occidente y Servicios Integrados de Pasaje y Turismo, el instituto mantiene comprometidos 297 millones de pesos en bonos con alta probabilidad de incumplimiento, según la calificadora HR Ratings. Ambas emisiones fueron objeto de capitalización de intereses durante la pandemia, ambas reconocieron incapacidad de pago y ambas se encuentran en procesos de reestructura sin acuerdos concluidos. El propio comité de inversiones instruyó rechazar ampliaciones de plazo y dispensas, pero posteriormente las negociaciones dejaron de transparentarse en las actas públicas.
A ello se suman 1,962.5 millones invertidos en Transporte Marítimo de México y 604 millones en la empresa española Abengoa, cuya quiebra formal en 2023 confirmó pérdidas que ya eran evidentes desde años antes. En conjunto, solo estas inversiones documentadas alcanzan 2,864 millones de pesos en activos de riesgo elevado o deterioro comprobado. No estamos ante simples fluctuaciones de mercado, sino frente a decisiones que ignoraron principios elementales de administración fiduciaria, como la diversificación prudente, la evaluación estricta de solvencia y la adecuada gestión del riesgo crediticio.
La capitalización sistemática de intereses, es decir, diferir el pago y acumularlo al principal, no resolvió los problemas de liquidez de las emisoras. Únicamente desplazó el reconocimiento de las pérdidas hacia el futuro y trasladó el costo a generaciones que no participaron en la toma de decisiones. En términos actuariales, cada peso que deja de producir rendimientos reales erosiona el patrimonio técnico, y amplía la brecha entre activos y obligaciones futuras.
El caso de Grupo Radio Centro añade otra dimensión al problema. Ante el incumplimiento, el instituto aceptó inmuebles bajo la figura de dación en pago, entregando certificados bursátiles y pagarés a cambio. Más allá del relato de recuperación patrimonial, el resultado es la incorporación de activos inmobiliarios líquidos, de realización incierta y sujetos a controversias sobre su valuación. Un fondo de pensiones no tiene como mandato convertirse en administrador de residencias de alta plusvalía, ni en operador de edificios comerciales. Su función es preservar capital y garantizar liquidez suficiente para cumplir obligaciones presentes y futuras de un derecho social.
Incluso en los escenarios optimistas que anticipan recuperar recursos en proyectos como Chalacatepec o las Villas Panamericanas, el propio titular del instituto ha reconocido que ello apenas otorgaría algunos meses adicionales al horizonte de suficiencia. El problema estructural permanece intacto. No se corrige con operaciones aisladas ni con expectativas de recuperación parcial.
La dimensión institucional agrava el panorama. La mezcla de decisiones políticas, limitada rendición de cuentas y ausencia de sanciones efectivas a los genios que invierten y pierden el dinero de los trabajadores, ha generado incentivos perversos. El riesgo se socializa entre trabajadores y pensionados, mientras la responsabilidad individual de los “inversionistas” se diluye. La denuncia penal por un presunto desfalco superior a 1,600 millones de pesos no produjo sanciones relevantes ni recuperación sustantiva de recursos.
Hablar de quiebra financiera no implica la suspensión inmediata de pagos, sino reconocer que, bajo el esquema actual, el sistema es insostenible sin reformas profundas y sin una capitalización extraordinaria. La quiebra es un proceso acumulativo de deterioro patrimonial. Cada minusvalía contable, cada reestructura incierta y cada activo inmovilizado reducen el margen de maniobra del instituto.
El debate sobre incrementar aportaciones o migrar hacia cuentas individuales resulta incompleto si no se acompaña de una revisión exhaustiva del régimen de inversiones, de mecanismos de control más estrictos por parte del Congreso del Estado y de responsabilidades claramente delimitadas. Sin controles, fiscalización real y disciplina financiera, cualquier reforma será solo un paliativo temporal.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/pensiones-hipotecadas