Cada 4 de enero se conmemora en México el Día Nacional del Periodista, fecha que recuerda el aniversario luctuoso de Manuel Caballero, considerado pionero del periodismo moderno en el país. Sin embargo, esta efeméride se da en un contexto de violencia persistente contra los profesionales de la información. Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, en 2024 se registraron 68 homicidios de periodistas a nivel global, seis menos que el año anterior. América Latina y el Caribe contabilizaron 12 asesinatos, destacando la disminución frente a los 18 casos de 2023 y los alarmantes 43 de 2022. No obstante, México continúa figurando como un país letal para la prensa: con siete asesinatos en el último año, es la tercera nación más peligrosa, sólo superada por los conflictos activos en Palestina y Pakistán.
El ejercicio periodístico enfrenta amenazas sistemáticas que no sólo provienen de la delincuencia organizada, sino también de estructuras estatales y actores con poder político. La directora de la UNESCO, Audrey Azoulay, ha señalado que las acusaciones de extorsión, evasión fiscal y blanqueo de capitales se utilizan como herramientas para silenciar voces críticas. Los propios poderes ejecutivos, en varios casos, ordenan a las autoridades fiscales emprender investigaciones que evaden el control del poder judicial, en lo que representa un uso faccioso de las instituciones para acallar la crítica.
Jalisco no es ajeno a esta situación. De acuerdo con ARTICLE 19, entre diciembre de 2018 y mediados de 2024, se registraron 74 agresiones contra periodistas y medios en la entidad. En 2021, se contabilizaron 21 agresiones, lo que representó el 28% del total de ataques contra la prensa. La mayoría de estos hechos han sido cometidos por funcionarios públicos, incluyendo integrantes de la Fiscalía del Estado y policías municipales. Esta violencia no se limita a lo físico: el discurso gobernante ha sido reiteradamente hostil hacia los medios, descalificando a la prensa crítica con expresiones como “medios basura”, “pasquines” y “gatilleros de la información”, lo que contribuye a un clima de estigmatización que profundiza el riesgo e inhibe la pluralidad informativa.
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