Los cambios se centran en la reforma al Poder Judicial y la eliminación de organismos autónomos
El Plan C de reformas, propuesto por el Presidente y Morena, ha generado amplio debate y preocupación entre diversos sectores en México. Se anticipó ayer que este conjunto de reformas se discutirá en el Congreso de la Unión en septiembre.
El Plan C incluye reformas constitucionales, con el objetivo de reconfigurar instituciones clave del país. Destaca la propuesta de que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, en lugar de ser designados. Además, se plantea la desaparición de varios organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Las funciones de estos organismos serían absorbidas por diversas secretarías de Estado.
Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, ha confirmado que la discusión y votación de estas reformas se llevarán a cabo en septiembre, coincidiendo con el inicio de la nueva Legislatura.
La bancada de Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tendrán la mayoría calificada necesaria para aprobar las reformas constitucionales propuestas. Los cambios se centran en dos áreas fundamentales: primera, la reforma al Poder Judicial; segunda, la eliminación de organismos constitucionalmente autónomos.
Las propuestas despiertan preocupación entre expertos, empresarios y analistas. La elección popular de jueces y magistrados comprometería aún más la independencia del Poder Judicial. La eliminación de organismos autónomos y la transferencia de sus funciones al gobierno, centraliza el poder, reduciendo los controles y equilibrios necesarios, además de que se expone el nivel de especificidad de las funciones públicas que ahí se realizan.
La eliminación de reguladores independientes genera ya desconfianza en los mercados y entre inversionistas. La inestabilidad normativa y la posible politización de decisiones económicas afectan negativamente el clima de inversión y la estabilidad económica del país.
Además, la reducción del papel de instituciones como el INE, el IFT y el INAI, entre otras, debilita los procesos democráticos y la transparencia. Estos organismos desempeñan un rol crucial en garantizar elecciones libres y justas y en proteger el acceso a la información y el otorgamiento transparente de las concesiones de radio, TV e Internet. La discusión y eventual aprobación de estas reformas, en septiembre, será un momento crucial para México, con implicaciones que podrían perdurar por décadas.
POR GABRIEL TORRES ESPINOZA
PROF. INVESTIGADOR EN LA UDG
@GabrielTorresEs
