Los Planes Parciales de Desarrollo Urbano son instrumentos sustanciales para la planificación y gestión del crecimiento de los municipios en México. Para que su desarrollo sea ordenado y sustentable. Su eficacia radica en promover un desarrollo sostenible, ordenado y equitativo en las áreas urbanas, así como preservar el patrimonio cultural y natural de cada localidad.
No obstante, lo que se ha promovido hasta ahora, en materia de ‘ordenamiento del territorio’, es justamente su antónimo: la legalización de lo ilegal (con todas las ‘torres chuecas’ de Guadalajara), la habitabilidad de lo que se debiera derrumbar (Villas Panamericanas), los desarrollos inmobiliarios en detrimento de las reservas naturales y áreas protegidas (Los Colomos, El Palomar, Santa Anita, El Bajío), además de la complicidad de los gobiernos, de distintos signos, con esos que gustan de construir al margen de la norma.
Mural publicó ayer que “Zapopan logró destrabar sus Planes Parciales de Desarrollo Urbano, tras el desistimiento de una suspensión y por observaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (Semadet). Mural accedió a los dictámenes que aprobarán hoyen sesión de Ayuntamiento para la creación de los 12 distritos: Centro, Arroyo Hondo, Los Robles, La Tuzanía, Vallarta-Patria, Las Águilas, El Colli, Santa Ana Tepetitlán, Base Aérea-El Bajío, Copala, Tesistán y El Nixticuil”.
La publicación de Mural, refiere que en Zapopan quedaron en firme dos importantes decretos de protección ambiental, el “relacionado con las Villas Panamericanas. En el dictamen del Distrito 7 El Colli, consideraron las 980.89 hectáreas de recuperación ambiental en El Bajío, determinadas en 2019 por el Gobernador Enrique Alfaro”, con el fin “asegurar el uso y destino de la superficie que se encuentra circundante y funciona como zona de transición entre el área urbana y el Área Natural Protegida, en su categoría de Área de Protección de Flora y Fauna Bosque La Primavera”. El segundo, refiere Mural, en “el Distrito 8 de Santa Ana Tepetitlán agregaron el decreto de protección al Cerro del Tajo, emitido en 2018 por el entonces Mandatario, Aristóteles Sandoval”.
Cada municipio en México tiene la responsabilidad de elaborar y actualizar sus Planes Parciales de Desarrollo Urbano, lo que les otorga un alto grado de autonomía para adaptar estas estrategias a sus necesidades. Esto significa que no existe un enfoque único, sino que cada municipio puede diseñar sus planes, de acuerdo a su contexto y objetivos.
Si bien es cierto, la facultad compartida de ordenar el territorio y el desarrollo urbano -de jure- les pertenece a estos órdenes de gobierno (municipio y estado). Pero, en la práctica sucede que es el Tribunal de Justicia Administrativa quien de facto, por la vía judicial, realizala disposición del territorio al autorizar permisos y licencias de construcción que violentan los ordenamientos en la materia, y entregan el territorio a ‘los intereses inmobiliarios’ a través de la afirmativa ficta. En los últimos cuatro años, apenas un magistrado ha resuelto 36 procedimientos de afirmativa ficta que, grosso modo, autorizaron construcciones irregulares y fuera de toda norma: 22 tenían que ver con edificaciones, 10 con gasolineras, dos con permisos de anuncios [espectacular y en puente peatonal], y otros tres con una agencia automotriz en la zona protegida de Los Colomos, un bar y un establecimiento de venta de alcohol. Cabe mencionar que en esto se advierte la complicidad de ciertas autoridades municipales que, deliberadamente, resuelven al margen de la norma, para que los desarrolladores puedan acudir al Tribunal y resolver, sin que el municipio asuma el costo de la decisión.
A pesar de lo resuelto en Zapopan, la implementación de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano enfrenta grandes resistencias, especialmente del capital que desea construir sin ninguna norma. A su vez, los gobiernos municipales acusan la falta de recursos y capacidades técnicas para elaborar y hacer cumplir, de manera efectiva, estos planes. Resulta entonces fundamental promover la transparencia en el proceso de elaboración de planes, y fomentar la participación social activa de la ciudad, en todas las etapas del desarrollo urbano.