Gabriel Torres Espinoza
octubre 8, 2025
El 6 de octubre de 2025 el Congreso del Estado de Jalisco fue escenario de un episodio revelador para comprender las tensiones institucionales de la política local. En una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, convocada con apenas una hora de anticipación y resuelta en siete minutos, se dictaminó la propuesta –sumamente delicada– de reforma al Poder Judicial enviada por el Ejecutivo estatal. La celeridad del trámite, sumada a la ausencia de deliberación pública y a la marginación de fuerzas minoritarias, detonó una reacción inusitada: la articulación de un bloque opositor integrado por el PAN, el PRI y Morena.
Este hecho, que a primera vista podría parecer una anomalía, expresa en realidad un reajuste en la correlación de fuerzas tras los resultados electorales recientes. El Legislativo dejó de ser una mayoría hegemónica y se convirtió en un espacio plural en el que la negociación y construcción de acuerdos se vuelven condiciones indispensables de la gobernabilidad democrática.
Lo ocurrido el 6 de octubre en el Congreso del Estado de Jalisco, no puede interpretarse sólo como un episodio legislativo. Es sintomático de un modo de gobernar que renunció al arte de la política como práctica de negociación, y que se refugió en la soberbia de quienes conciben al Congreso como un accesorio irrelevante, al que basta convocar para levantar la mano y convalidar decisiones previamente tomadas en las oficinas del poder Ejecutivo.
La intentona del gobierno por aprobar en fast track su reforma al Poder Judicial terminó por detonar lo inesperado: la conformación de un bloque opositor inédito. PAN, PRI y Morena —rivales históricos en la arena nacional— se encontraron en la misma vereda en Jalisco, frente al desdén oficialista, la concentración del poder y la marginación deliberada de las minorías en el Congreso del Estado. Esto se materializó como consecuencia de la ausencia de interlocución política, de operadores incapaces de leer el contexto de pluralismo que arrojaron las urnas, y de construir puentes con todas las fuerzas representadas.
El Congreso como poder independiente
Giovanni Sartori advertía que la esencia del constitucionalismo moderno radica en el sistema de frenos y contrapesos (checks and balances) que impide la concentración del poder. El Congreso, en este diseño, no es un apéndice administrativo, sino un poder independiente con atribuciones sustantivas para equilibrar al Ejecutivo y expresar el pluralismo social. Juan Linz lo formuló de manera más tajante, apuntó que cuando los parlamentos se reducen a un papel marginal, el riesgo de la “erosión democrática” se vuelve inminente.
El Legislativo no sólo representa partidos; es el espacio institucional donde confluyen resultados electorales diversos, como sucedió en Jalisco. Como sostiene Dieter Nohlen, en los sistemas pluralistas “el legislativo es el reflejo de una sociedad heterogénea, y por tanto la negociación es su condición de posibilidad”. De ahí que la existencia de un Congreso sin mayorías hegemónicas, como el actual en Jalisco, obliga a la construcción democrática de acuerdos necesarios y alianzas parlamentarias saludables.
La negociación como esencia democrática
La democracia, recordaba Robert Dahl, no es el gobierno de una mayoría que aplasta, sino la “poliarquía”: un sistema en el que las minorías tienen garantías y voz. En este sentido, gobernar en democracia significa dialogar, negociar, reconocer la legitimidad de todos los actores presentes. Cuando los interlocutores políticos del Ejecutivo interpretan la mayoría relativa como hegemonía legislativa, cometen un error de diagnóstico, confunden la representación parcial con el poder absoluto que no les fue conferido en las urnas.
En Jalisco, la estrategia de acelerar los tiempos legislativos —sesiones exprés, dictámenes votados sin deliberar— puso de manifiesto esa confusión. Además de su soberbia e inexperiencia política. Lo que se intentó presentar como eficacia, se convirtió en negligencia, en desdén. Al subestimar a la oposición, se la fortaleció en un bloque inédito, consecuencia de la falta de operación y diálogo político con el Congreso de Jalisco.
Consecuencias y lecciones
El bloque opositor surgido en torno a la reforma judicial en Jalisco no es sólo un accidente coyuntural, significa una advertencia. Ha mostrado que las fuerzas políticas, incluso con trayectorias ideológicas dispares, pueden articularse cuando se sienten marginadas. Revela también que el Congreso conserva, a pesar de los intentos por reducirlo, la capacidad de actuar como contrapeso, sin tutelas externas, ni sometimientos antidemocráticos.
Lo que está en juego ahora en Jalisco no es sólo el futuro del Poder Judicial, sino la salud de la democracia local. Si el Congreso de Jalisco se reduce a un papel ornamental, marginal, tutelado, la tentación autoritaria se instala en el Ejecutivo. Si se le segrega en las decisiones trascendentes que le corresponden por mandato constitucional, la oposición —cualquiera que sea su signo— encontrará incentivos para recordar que su deber es limitar al poder. Este legislativo le recordó al Ejecutivo que el Congreso es un poder constitucional independiente y con la facultad de resolver, sin interferencias externas, una reforma que ya acusa atraso importante en Jalisco.
Lo ocurrido el 6 de octubre en el Congreso del Estado de Jalisco, revela un error fundamental, el de pensar que la democracia puede administrarse con desdén y sin oficio político. Como señala Sartori, “la democracia vive de acuerdos”, y esos acuerdos no se improvisan. Se construyen con paciencia, con interlocución y con respeto al equilibrio entre poderes. Negarlo es abrir la puerta a que la política ausente sea sustituida, inevitablemente, por la política de oposición.
Gabriel Torres Espinoza
Politólogo y comunicador. Director de Canal 44 y Radio UdG. Articulista en Milenio y El Heraldo de México.