Secciones Buscar MenuCoyuntura En la Mira Gabriel Torres Espinoza Gobierno Opinión¿Por qué se dio marcha atrás al tarifazo? Publicado el 6 de marzo de 2026 Gabriel Torres Espinoza 0Gabriel Torres EspinozaEn el ámbito público hay decisiones que nacen como certezas técnicas y terminan convertidas en conflictos políticos. El intento de elevar la tarifa del transporte público en Jalisco a 14 pesos, condicionado además al uso de la llamada Tarjeta Única, es un ejemplo reciente de cómo una medida concebida desde la lógica económica, puede transformarse en un problema real de legitimidad pública.La decisión del gobernador de dar marcha atrás y fijar la tarifa en 11 pesos sin condiciones, no puede explicarse por un solo factor. Fue, más bien, el resultado de una acumulación de presiones sociales, jurídicas y políticas que terminaron por volver inviable el diseño original.El primer elemento fue una ciudadanía que nunca dejó de protestar. Durante semanas, colectivos urbanos, estudiantes, activistas y partidos de oposición mantuvieron viva la discusión pública. Cada quien en su trinchera. Las movilizaciones no se limitaron a la protesta callejera. También impulsaron mecanismos de participación ciudadana como referéndum o plebiscito para revertir la medida. Ese activismo constante evitó que el tema se diluyera en la agenda pública.El segundo factor fue la batalla jurídica. El primer amparo promovido por estudiantes, aunque en principio beneficiaba a un grupo reducido, abrió un precedente importante. La posibilidad de que esa figura se replicara de manera masiva,amenazaba con fragmentar la aplicación del subsidio y volver impracticable el modelo de la tarjeta obligatoria.Un tercer elemento tiene que ver con el calendario político. La visita de la presidenta de la República colocaba al gobierno estatal frente a un escenario incómodo. El tarifazo habría sido inevitablemente incorporado a la agenda pública por actores cercanos a Morena en Jalisco, amplificando el conflicto en un momento de alta exposición política del estado.A ello se sumaba un dato que rara vez se hace público pero que pesa mucho en las decisiones gubernamentales. Las encuestas internas del propio gobierno registran una molestia social creciente. No solo por el cúmulo de incrementos, entre ellos el tarifario, sino también por la obligación de utilizar la Tarjeta Única y por la solicitud de datos personales y biométricos para acceder al subsidio. En términos de opinión pública, la medida empezaba a erosionar más la confianza en el gobierno.Otro factor relevante fue la división interna dentro del propio círculo cercano al gobernador. Desde el origen del proyecto existían reservas sobre el uso de la tarjeta como instrumento central del subsidio. Con el paso de las semanas, esa discrepancia dejó de ser una discusión técnica para convertirse en una diferencia política, que terminó por ampliarse.Finalmente, el contexto de seguridad jugó un papel inesperado. El llamado “domingo negro” en Jalisco, con episodios que pusieron en duda la capacidad de control del Estado, deterioró el clima de confianza pública. Mantener al mismo tiempo una confrontación social por el tarifazo en medio de un ambiente de incertidumbre y ansiedad habría alimentado una tormenta política perfecta, especialmente en un año preelectoral.Todos estos factores confluyeron en la rectificación anunciada por el gobernador. Más que un simple ajuste tarifario, lo ocurrido revela una lección clásica de la política. Cuando una decisión pública pierde legitimidad social, el costo de sostenerla puede ser mayor que el de corregirla.Rectificar, en ese sentido, también es gobernar. Pero la experiencia deja una advertencia. En temas que afectan cotidianamente a millones de personas, como el transporte público, las decisiones técnicas y netamente económicas,nunca pueden desligarse de su dimensión social y política.Todos estos factores terminaron por inclinar la balanza. El gobierno corrigió porque sostener el tarifazo significaba entrar en una espiral de conflicto social, litigios judiciales y desgaste político difícil de contener.La política tiene una regla simple que los gobiernos suelen aprender tarde. Las decisiones que afectan la vida cotidiana de millones no se sostienen únicamente con argumentos económicos. Necesitan legitimidad social. Cuando esa legitimidad se pierde, ninguna tarjeta, subsidio o decreto alcanza para mantener la medida.
