La grabación hecha -sin su consentimiento- al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ), es ciertamente reveladora e indefendible. Aunque en honor a la verdad, sólo deja testimonio de lo que ya se ha señalado en diversas ocasiones. Por ejemplo, este mismo año, incluso el Fiscal General Eduardo Almaguer, llegó a acusar a ciertos jueces de liberar a delincuentes. En efecto, esto es algo que sucede por la extrema opacidad en la que opera la impartición de justicia, debido a la escasa atención que se dedica para revisar su integración y funcionamiento. No olvidemos, por ejemplo, que Rafael Caro Quintero no se fugó de prisión, ¡un juez lo liberó! y seguramente este “impartidor de justicia” continúa con sus labores en el poder judicial federal.
La plática entre el magistrado presidente, que intercede por presuntos delincuentes, refleja una conducta injustificable, de abogado oficioso, cuando su cargo es el de presidir el poder encargado de impartir justicia. Sencillamente el Magistrado Vega Pámanes no tendría que haber llamado para ese asunto al Comisario de Guadalajara. Ayer, el Comisario de Guadalajara ratificó su denuncia penal formal contra el magistrado presidente del STJEJ. Mientras tanto, Vega Pámanes afirma al Informador que no renuncia, “…por supuesto que no, estamos a dos meses de concluir el periodo de su servidor por cuatro años (como presidente), dejando el Poder Judicial en la mejor posición de los últimos 190 años”. Se trata del mismo que llegó al cargo y afirmó que la Ciudad Judicial era el “Robo del Siglo”, y que luego no denunció ni solicitó ninguna averiguación. De tal forma que a pesar de su dicho, dejó en absoluta impunidad el atraco multimillonario que efectivamente cometieron en esa construcción, los secuaces de Emilio González Márquez, tan protegidos por este gobierno.
En este Jalisco impune, donde las normas y el debido proceso sólo se aplican para liberar a consumados delincuentes y a los corruptos con poder, el caso del Magistrado Presidente es, apenas, otra raya más al tigre. Justo cuando se discute en Jalisco la puesta en marcha de un sistema estatal anticorrupción, sutilmente se pretende defender en el Congreso la terrible conducta de un magistrado que representa una forma ofensiva de representar la impartición de justicia, que funciona contra el interés público y le cuesta además un ojo de cara al contribuyente. Así que habría que preguntarle al oficioso magistrado: ¿Quién es el patrón a que se refiere en su llamada? ¿Cuál es el grupo de empresarial al que afirma que están vinculados los sujetos que portaban armas de fuego y fueron detenidos? Exactamente, ¿Cuál es su interés específico, siendo el Magistrado Presidente, para interceder por los sujetos? ¿Por qué uno de ellos portaba un arma calibre 9 milímetros.