La preocupación aumenta en un país con presión creciente sobre el periodismo. En los primeros siete meses de 2025 se documentaron 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios
El monitoreo de medios del INE nació para conocer cómo cubren las elecciones la radio y televisión. El problema apareció cuando deja de observar tiempos y tratamientos informativos, y comienza a clasificar la crítica política con categorías inevitablemente subjetivas.
Eso ocurría con la variable 14, diseñada para identificar “mecanismos discursivos indirectos de descalificación”. Ironía, sarcasmo, minimización, infantilización o cuestionamiento implícito de legitimidad quedarían bajo observación institucional. La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó su eliminación.
Basta saber que una institución del Estado registrará si un periodista utilizó sarcasmo, ironía o alguna fórmula que un monitor interprete como menosprecio, para provocar autocensura. ¿Cómo interpretará esto quien me observa? Cuando esa duda condiciona la escritura periodística, ya existe una afectación a la libertad de expresión.
Ese es el llamado efecto inhibidor. La censura no siempre llega mediante una prohibición expresa. A veces funciona cuando induce autocontrol, prudencia excesiva y temor fundado a las consecuencias jurídicas de una opinión.
¿Dónde termina la ironía y comienza la descalificación? ¿Decir que una candidata carece de experiencia es infantilizarla? ¿Afirmar que un candidato no está preparado para gobernar es análisis político o cuestionamiento implícito de legitimidad? No existe una métrica capaz de responder sin la valoración de quien monitorea es subjetiva.
Ese fue uno de los puntos señalados por el Tribunal Electoral. El INE no estableció elementos objetivos suficientes para distinguir la crítica legítima de la descalificación. Ese vacío convierte la crítica política en objeto de clasificación administrativa. El peligro es que un mecanismo concebido para observar cómo cubren los medios las elecciones, termine calificando cómo deben expresarse los periodistas sobre quienes compiten por el poder.
La preocupación aumenta en un país con presión creciente sobre el periodismo. En los primeros siete meses de 2025 se documentaron 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios. Durante ese año, 451 agresiones contra la prensa. Existen además antecedentes de medidas cautelares electorales que ordenaron retirar contenidos periodísticos.
Extender la protección de candidaturas hasta incluir el menosprecio, la ironía, la minimización o el cuestionamiento indirecto abre un territorio peligrosamente indeterminado para la libertad de crítica.
La crítica política cuestiona, desacredita argumentos, ironiza, exhibe contradicciones y, en ocasiones, ridiculiza al poder. Esa incomodidad es una garantía democrática. Los candidatos no necesitan un periodismo dócil. La sociedad necesita periodistas libres para someterlos al escrutinio más severo. Cuando el poder empieza a clasificar el sarcasmo, el riesgo es que los periodistas comiencen a inhibirse.
GABRIEL TORRES ESPINOZA
Profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2026/8/28/prohibido-incomodar-877932.html