Lo que se cocina en la presidencia de la República no es todavía una iniciativa formal de reforma electoral. No existe, hasta ahora, un texto articulado turnado a comisiones ni una exposición de motivos que permita un análisis jurídico exhaustivo de una tentativa iniciativa de ley. Lo que circula en el Congreso es una versión programática, es decir, un conjunto de lineamientos, diapositivas y posicionamientos públicos que delinean la arquitectura política de lo que podría convertirse en una de las transformaciones más relevantes del sistema electoral mexicano desde 2014.
Conviene subrayarlo, estamos frente a una propuesta política en construcción, no ante una iniciativa consumada aún. Sin embargo, los elementos dados a conocer preliminarmente permiten advertir el sentido de la reforma y sus implicaciones estructurales.
El eje central es una reconfiguración del modelo de representación política. La Cámara de Diputados mantendría 500 integrantes, pero con ajustes sustantivos, pues serían 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional bajo un esquema híbrido que combina “mejores perdedores”, listas abiertas por circunscripción y escaños para mexicanos residentes en el extranjero. En el Senado, la modificación es más drástica, pues se eliminan los 32 escaños de representación proporcional y se conserva únicamente la fórmula de mayoría relativa y primera minoría.
El discurso oficial sostiene que se trata de devolverle al electorado la decisión directa sobre quienes lo representan y evitar que la pluralidad política dependa exclusivamente de acuerdos cupulares. No obstante, la eliminación de la representación proporcional en el Senado y el rediseño de la lista abierta obligan a un análisis más fino. En los sistemas comparados, la representación proporcional ha sido el mecanismo que corrige las distorsiones de los sistemas mayoritarios y garantiza inclusión de minorías. Su reducción o eliminación tiende a fortalecer a las fuerzas con mayor concentración territorial del voto.
El segundo eje es la austeridad electoral. Se plantea una disminución del 25% del costo total de las elecciones, reducción de sueldos conforme al artículo 127 constitucional, eliminación de duplicidades administrativas y conversión de estructuras permanentes del INE en temporales. El argumento es políticamente potente, pues implica reducir el gasto electoral para destinar recursos a programas sociales. La pregunta, sin embargo, es si la reducción presupuestal puede hacerse sin afectar capacidades técnicas críticas como fiscalización, padrón electoral, capacitación de funcionarios de casilla y monitoreo de propaganda.
Un tercer componente introduce la regulación del uso de inteligencia artificial y la prohibición de ‘bots’ en procesos electorales. El debate es pertinente en la era digital, pero su diseño normativo deberá ser extremadamente cuidadoso para no convertirse en un instrumento ambiguo de control de la conversación pública.
Finalmente, la reforma incorpora elementos de democracia participativa y voto electrónico para ejercicios directos, además de prohibir la reelección consecutiva a partir de 2030 y reforzar el principio contra el nepotismo electoral. Estas medidas dialogan con un relato de regeneración ética del poder.
El contexto político no es menor. La discusión ha generado tensiones incluso dentro de la coalición gobernante, particularmente en lo relativo a financiamiento y representación proporcional. Ello confirma que no se trata de un ajuste menor, sino de una reingeniería que redistribuye incentivos, recursos y curules.
La Presidenta ha señalado que la propuesta responde a una demanda popular y a lo expresado en encuestas. Esa legitimidad política inicial deberá traducirse en legitimidad normativa a través del debate congresional. En democracia, la eficacia no sustituye a los principios, pero tampoco los principios pueden imponerse sin deliberación amplia.
México se encuentra ante una posible redefinición de su modelo electoral. Antes de celebrar o condenar, conviene exigir claridad técnica, texto formal y análisis comparado. Las reformas electorales no sólo organizan elecciones; moldean la competencia política y, con ella, el equilibrio del poder en el mediano plazo.
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