Toda democracia madura debe revisar periódicamente sus instituciones. La arquitectura electoral mexicana, si bien compleja y sofisticada, no está exenta de ajustes. La propuesta de reforma que aún está en proceso de deliberación en el Congreso, contiene elementos delicados, pero no inamovibles.
Uno de los ejes más relevantes es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. México se encuentra entre los países con mayor gasto partidista per cápita del mundo. Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), en 2024 se destinaron cerca de 19 mil millones de pesos solo a partidos, dentro de un presupuesto electoral total de más de 60 mil millones. Aunque este gasto representa menos del 0.5% del presupuesto federal, sí abre un margen para revisar esquemas de financiamiento más racionales y con mayor escrutinio público. El objetivo debe ser fortalecer la rendición de cuentas, limitar el gasto desproporcionado y reorientar recursos a tareas sustantivas como la fiscalización y la capacitación electoral.
Otro aspecto que merece atención es la revisión de la representación proporcional. Lejos de su eliminación, existe margen para refinar su diseño que hoy es un botín grotesco de las oligarquías de todos los partidos políticos. La representación proporcional debe adquirir un mayor contenido democrático, modificando el sistema de listas cerradas y bloqueadas que hoy deja las posibilidades reales de acceso a una curul en manos de las oligarquías partidistas. Una reforma que corrija estos desbalances, sin eliminar del todo las voces minoritarias, puede perfeccionar la equidad en el Congreso.
En este contexto, también es valioso el planteamiento sobre la incorporación de legisladores migrantes. Con más de 12 millones de mexicanos viviendo en el exterior, una cuota congresional para esta comunidad reforzaría el principio de representación incluyente, en línea con experiencias como Colombia, Ecuador o Francia, que han institucionalizado circunscripciones del exterior. Más aún, sería una medida de justicia democrática ante una diáspora que contribuye económicamente de forma crucial, pero políticamente continúa marginada.
La propuesta de institucionalizar la revocación de mandato, fijando su aplicación en 2027, también tiene un potencial democratizador, siempre que se acompañe de reglas claras, procedimientos auditables y una autoridad electoral independiente. La revocación, mal entendida, puede convertirse en un instrumento plebiscitario o de ratificación simbólica del poder. Pero bien regulada -como ocurre en países como Suiza, algunos estados de EE.UU. o Bolivia-, puede funcionar como un contrapeso efectivo frente a gobiernos insatisfactorios para los electores.
El verdadero acierto no será aprobar una reforma electoral, sino diseñarla como un legado institucional, no como una herramienta de coyuntura.
POR GABRIEL TORRES
PROFESOR E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
@GABRIELTORRESES
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