Una investigación documenta los casos de ‘remunicipalización’. Se trata de “Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatisation” (2017). Este estudio fue elaborado por varias organizaciones, incluyendo el Transnational Institute (TNI), el Multinationals Observatory, la Austrian Federal Chamber of Labour (AK), la European Federation of Public Service Unions (EPSU), e Ingeniería sin Fronteras Cataluña (ISF). Es un análisis detallado sobre cómo y por qué numerosas ciudades y sociedades alrededor del mundo están ‘remunicipalizando’ o retomando el control público de servicios, previamente concesionados a particulares. Revela que muchas urbes encontraron en la ‘remunicipalización’ una alternativa superior a la concesión, para una mejor gestión de servicios.
Los hallazgos sugieren que los servicios públicos, vueltos al ámbito gubernativo, no solo son más eficientes y accesibles para todos, sino también menos costosos en comparación con los servicios que habían sido concesionados a particulares. Se manifiesta -afirma- «como una respuesta práctica y efectiva ante las políticas de austeridad, al permitir a las autoridades locales mejorar el acceso y la calidad de servicios esenciales en momentos de restricciones presupuestarias”.
Además, “el proceso de ‘remunicipalización’ está siendo la clave en la transición energética hacia fuentes más sostenibles, con un enfoque en la democracia energética que prioriza el bienestar ambiental y social, por encima de las ganancias corporativas». «Esta reorientación hacia la gestión pública está demostrando que la calidad de los servicios y los costos para los gobiernos, pueden ser mejores bajo los principios de la administración pública, promoviendo así servicios básicos que son más inclusivos y admiten una mayor participación ciudadana”. La ‘remunicipalización’ como tendencia global, también es una reacción a los yerros y magros resultados en la privatización de servicios públicos. Sobre todo, una afirmación proactiva del rol que atañe al gobierno y la comunidad en la gestión de sus propios recursos y servicios básicos, para el bienestar de la urbe.
La investigación destaca que, desde el año 2000, existen al menos 835 casos de ‘remunicipalización’, que involucran a más de mil 600 municipios, en 45 países. El movimiento global hacia la ‘remunicipalización’ de servicios resulta notable, con varios casos emblemáticos que destacan el retorno al control público para mejorar la eficiencia, la transparencia, pero sobre todo la respuesta a las necesidades de la ciudad. En París, por ejemplo, la administración de la ciudad recuperó el control del servicio de agua en 2010, con el fin de fortalecer la gestión democrática y transparente del recurso. Por ello, “el 23 de junio de 2017, recibieron uno de los más altos premios internacionales de servicio público, en una ceremonia especial de la ONU en La Haya”.
Berlín siguió un camino similar en 2014, reasumiendo la propiedad de su red eléctrica a través de un referéndum que reflejaba la voluntad popular de avanzar hacia una energía más sostenible y justa. Por su parte, Buenos Aires revirtió la privatización de su sistema de agua y saneamiento desde 2006, debido a los elevados costos y al deficiente servicio que proporcionaba la gestión privada. Un ejemplo más se encuentra en Hamilton, Canadá, donde el gobierno recuperó el control de su servicio de agua después de que la privatización fallara en cumplir las promesas de mejora y resultara en un grave incidente de contaminación.
La crítica constante hacia la concesión de servicios públicos advierte que, en la búsqueda de la rentabilidad, las empresas privadas no muestran interés en invertir en áreas de baja rentabilidad, como las áreas rurales o los cinturones de pobreza de las ciudades. Esto ocasiona una cobertura y calidad desigual de los servicios, perpetuando e incluso exacerbando las desigualdades. La ‘remunicipalización’ ofrece oportunidades para una propiedad pública moderna, diversificada y más democrática. No solo representa un reproche al modelo de concesión a particulares -de suyo plagado de corrupción, tráfico de influencias y opacidad-, también, una revalorización de la administración pública como garante de derechos y servicios.