En una democracia debe existir un método participativo para que los ciudadanos elijan representantes y puede también estar legalmente previsto un procedimiento para que los mismos electores puedan revocar el cargo público a un gobernante, mediante voto popular. Muy importante, siempre que existan ¡causas graves que lo ameriten! Esta figura de democracia directa se emplea para concluir anticipadamente el periodo de gobierno de un representante electo mediante sufragio popular, debido a hechos o causas que, por su riesgo o amenaza, justifique que se convoque a los electores –la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo– a revocar el mandato popular que otorgaron mediante el voto. Por sufragios llegan, y por sufragios se van.
Solo el 25 por ciento de los países tiene legislada la revocación del mandato, ya que de los cuatro mecanismos de democracia directa –referéndum, plebiscito, iniciativa popular y revocación del mandato– éste es el menos utilizado en el mundo. Incluso, rara vez se usa en los países en que se encuentra previsto.
Pretender someter a una revocación del mandato al presidente, como se propone al Senado por el mismo Poder Ejecutivo, sin existir causas graves que lo ameriten (al menos no se admiten por sus promotores), constituye, en todo caso, un acto de campaña. Primero, porque se pretende invocar para ratificar públicamente la bien conocida popularidad del presidente –que ya es medida por las encuestas– con la finalidad de sacar ventaja de ello, al destinar recursos públicos a una consulta innecesaria y, hasta hoy, sin la debida legislación.
Segundo, porque no están explícitas las causas graves para invocar la revocación del mandato. Deben ser motivos que ameriten que el periodo de gobierno sea interrumpido, mediante consulta popular, por la gravedad de los hechos que se imputan a un mandatario. Si se considera que existen esas razones contra López Obrador deberían entonces señalarlas explícitamente para justificar por qué es necesario recurrir a la revocación del mandato del presidente.
Tercero, porque apelar a la revocación del mandato en un gobierno que asume que “combate la corrupción”, contraviene todo el propósito esencial de la figura, sus fines y objetivos.
Cuarto, porque de invocarse en la segunda mitad del gobierno sentará un precedente negativo al usar una figura que puede ser muy útil en la democracia, únicamente cuando existen los motivos para ser usada (razones graves), y se utilizaría como un vil pretexto para realizar propaganda política.
Los últimos casos importantes de revocación del mandato, por ejemplo, fueron el 15 de agosto de 2004 en Venezuela, contra Hugo Chávez, mismo que no prosperó. Otro más con el ex gobernador de California, Gray Davis, acusado por generar un déficit público al estado de California por cerca de 30 millones de dólares y fue depuesto para luego ser sustituido por Arnold Alois Schwarzenegger. En ambos casos, bajo la presunción de que el gobernante ha actuado de manera notoriamente reprobable. Finalmente, la revocación del mandato en el mundo es invocada o por el Poder Legislativo o por firmas de ciudadanos inconformes con las decisiones de un gobierno. Nunca solicitado a la carta por el mismo gobernante, sujeto a la revocación de su periodo.
Mi columna la puedes encontrar aquí, en Milenio.