Ayer se discutió con vehemencia la posibilidad de una reforma electoral. El tema más álgido de la propuesta de la reforma es la posible disminución de los recursos a los partidos políticos. Un tema que, naturalmente, despierta muchas simpatías en la población, básicamente por la bien ganada mala fama de los partidos políticos en la sociedad (tal vez, debido a su escasa democracia interna). Reducir el financiamiento a los partidos políticos es una propuesta a la que es difícil oponerse en el debate público. Parece que el tema se ha entrampado con este asunto. No hay que dejar de advertir que eliminar el financiamiento es, desde la perspectiva jurídica, muy complicado. Requiere modificaciones a normas federales que rebasan con mucho el ámbito de competencia del Congreso del Estado de Jalisco. Reducir el financiamiento, eso sí es posible, pero en plata pura ningún partido quiere en realidad cortarse un brazo, o una pierna.
Tal vez por eso, el discurso está centrado en ello. Pareciera que en el fondo, ningún partido desea realmente una reforma de gran calado. En todo caso el debate es para que alguna expresión política cargue con los costos de negarse a una propuesta que, en efecto, despierta mucha simpatía entre la sociedad. Se advierte más posturas para la tribuna, que el interés de negociar una reforma posible, que permita avances en cuanto a democratización. Por eso el objetivo del debate es y será, hasta que esta reforma aborte, hacer el bando de los que están a favor de reducir el financiamiento, y el bando de los que se opongan, con el respectivo costo social que ello implicará.
No obstante, hay temas más delicados que se proponen en la reforma y se discuten con menos fuerza. Un tema que implica un mayor perjuicio para nuestro sistema electoral. Hoy se propone eliminar el sistema de porcentajes mayores en la asignación de diputados de Representación Proporcional –el mal llamado repechaje-, que significa un avance sustantivo con respecto a otros estados en la asignación democrática de diputados proporcionales. Si la propuesta de eliminar este sistema prosperara, se regresaría a las oligarquías de los partidos el derecho exclusivo de la prelación de la lista de Representación Proporcional, y con ello, la decisión de quiénes realmente entran al Congreso, al margen totalmente de los electores. Eso que se señala como “partidocracia”, justo eso se fortalece con una propuesta regresiva como ésta. Para explicarlo mejor, se propone eliminar el mecanismo vigente que permite que los diputados que compiten por mayoría en sus distritos, y consiguen los porcentajes más altos de votación (aceptación social), entren al Congreso. Este sistema se implantó en Jalisco para democratizar el principio de Representación Proporcional, dejando en manos de los electores –y menos de las oligarquías partidistas- la definición de un parte importante de la lista proporcional plurinominal. Eliminar el sistema de porcentajes mayores en la asignación de diputados de Representación Proporcional, significa una regresión, sin lugar a dudas. Un grave salto atrás para nuestro sistema democrático. Un intento autoritario por debilitar el legítimo derecho de los electores para decidir sus disputados, pretendiendo regresar el control absoluto de la integración de lista de Representación Proporcional, a los grupos de poder que controlan los partidos. En suma, hacer más oligárquico, y menos democrático, el ya de por si cuestionado principio de Representación Proporcional en Jalisco.
Si se buscan los aplausos con la propuesta para disminuir el financiamiento público a los partidos políticos, se contradicen en su intento reformador y democratizador con la terrible propuesta de entregar a los círculos de poder de los partidos -aún más- la asignación total de los diputados de Representación Proporcional, mediante la eliminación de la posibilidad de que los que los mejores perdedores logren entrar al Congreso, como ocurre hoy. Esta propuesta es a todas luces una regreso al pasado, y no reporta, absolutamente, ningún beneficio en cuanto a democratización de nuestro sistema electoral. Entonces, ¿la reforma es para democratizar o para oligarquizar más el sistema electoral?