En los primeros días de su gobierno, Pablo Lemus reconoció la grave crisis en Jalisco, particularmente en torno a las desapariciones forzadas, un fenómeno que ha colocado al estado como el epicentro nacional de este problema. Sin embargo, el desafío no solo radica en admitir la problemática, sino en implementar decisiones que trasciendan los discursos y los operativos superficiales. Los datos sobre homicidios, desapariciones y violencia organizada en Jalisco revelan una realidad alarmante.
El Consejo Nacional de Seguridad reportó que, al cierre del año pasado, Jalisco fue uno de los estados con mayor incidencia de homicidios. Ocho asesinatos en un solo día, representando uno de cada diez homicidios registrados a nivel nacional, colocan al estado en una posición pavorosa. De enero a julio, Jalisco acumuló 1,122 homicidios dolosos, registrando el quinto lugar nacional. Una cifra que debe analizarse a la luz de otros indicadores de violencia. Aunque el ex gobernador destacó una reducción del 37.4% en homicidios durante septiembre de 2024, en comparación con años anteriores, este dato omite mencionar el contexto más amplio de violencia, en el que los homicidios representan solo una de las manifestaciones de la inseguridad.
Las cifras son impactantes. Jalisco encabeza la lista de estados con más desaparecidos en el país, acumulando más de 115,000 personas desaparecidas a nivel nacional. Los colectivos de búsqueda han señalado que al menos 70% de las fosas clandestinas del país se encuentran en este estado. Esto no es casualidad; los enfrentamientos internos de los cárteles y las pugnas con otros han resultado en un aumento sin precedentes de desapariciones, y en un incremento significativo de los riesgos para la población joven. Más de 2.7 millones de jóvenes en Jalisco enfrentan diversas formas de violencia que incluyen desapariciones, homicidios y reclutamiento forzado por grupos criminales. Este sector de la población no solo es víctima, sino también un actor obligado a participar en esta dinámica violenta, ya sea como victimarios o como observadores pasivos.
A pesar de la magnitud del problema, los esfuerzos gubernamentales han sido insuficientes y, en muchos casos, ineficaces. Si bien el gobernador anunció la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, así como nuevos operativos de seguridad, estas medidas parecen ser reactivas, más que preventivas. La implementación de operativos para motociclistas, la instalación de arcos de identificación de placas y la regionalización del estado en siete zonas son acciones que, aunque necesarias, no abordan el núcleo del problema: la profunda infiltración de los grupos criminales en las instituciones y la falta de un enfoque integral que contemple las causas estructurales de la violencia.
La crisis de seguridad en Jalisco también tiene un componente internacional. El operativo Enjambre, llevado a cabo a finales de 2023, expuso los vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios públicos, revelando un entramado de corrupción que dificulta cualquier esfuerzo por combatir la inseguridad de manera efectiva. Las presiones de Estados Unidos sobre temas de seguridad han intensificado la necesidad de mostrar resultados, pero la respuesta parece centrarse en operaciones mediáticas que no atacan el corazón del problema. Este enfoque, además de ineficaz, genera una percepción de impunidad que alimenta la desconfianza.
Los límites geográficos de Jalisco también son un foco de conflicto. Las zonas fronterizas con Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Aguascalientes han sido escenario de enfrentamientos violentos, en su mayoría vinculados al intento de los cárteles por mantener su dominio territorial frente a la incursión de otros grupos criminales. Estos enfrentamientos no solo intensifican la violencia en las regiones afectadas, sino que también generan un desplazamiento forzado de la población, añadiendo otra capa de complejidad al problema.
Jalisco enfrenta una encrucijada. La magnitud de los retos demanda una respuesta bien estructurada, que combine el fortalecimiento institucional con estrategias centradas en las necesidades de las comunidades más afectadas. La inseguridad amenaza ya con volverse un problema irreversible.