Mientras no se implementen reformas estructurales que garanticen la independencia del Poder Judicial, el estado seguirá atrapado en un círculo vicioso
La falta de independencia del Poder Judicial en Jalisco no es solo un síntoma de un sistema político disfuncional, sino la confirmación de que la división de poderes, pilar fundamental de cualquier democracia, ha sido prácticamente anulada en Jalisco. La dependencia de este poder respecto al Ejecutivo quedó evidenciada durante la gestión de Daniel Espinoza Licón como presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Desde su designación en 2020, respaldada por actores políticos clave y magistrados alineados con los partidos PAN y PRI, hasta las filtraciones recientes que revelan prácticas de tráfico de influencias y ausencia de independencia. La crisis del Poder Judicial en Jalisco es una radiografía del desmoronamiento institucional en un poder sin autonomía, y plagado de corrupción.
Espinoza Licón llegó al cargo con el apoyo del Poder Ejecutivo y de magistrados que no necesariamente actuaban en favor de la independencia judicial, sino en función de intereses políticos y económicos, como él mismo lo reconoció. A pesar de que el ahora ex presidente negó de manera reiterada cualquier intromisión, la realidad ha demostrado lo contrario. Desde decisiones judiciales presuntamente dictadas por ‘líneas’ del Ejecutivo hasta la asignación discrecional de casos para garantizar resoluciones convenientes, lo ocurrido en los últimos años confirma que el Poder Judicial no opera como un ente autónomo, sino uno absolutamente sometido.
El audio difundido por la periodista Elsa Martha Gutiérrez es una pieza clave en este complejo rompecabezas de corrupción. En esa grabación, Espinoza Licón reconoce sin reparos que las plazas de magistrados y funcionarios judiciales se negocian entre los partidos políticos. Además, detalla cómo las presiones del Ejecutivo buscaban manipular sentencias en casos ‘delicados’. Estas prácticas no son nuevas ni exclusivas de su administración; sin embargo, su descaro y normalización reflejan hasta qué punto el sistema judicial ha sido capturado por otro poder. La intromisión no se limita a órdenes verbales: la manipulación a través del Consejo de la Judicatura, las tarifas no escritas por impartir justicia y la asignación discrecional de asuntos, son ejemplos claros de cómo se ha institucionalizado la corrupción en el Poder Judicial de Jalisco.
No es casualidad que Jalisco registre uno de los últimos lugares en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, con una calificación de 0.38 en 2024. Los rubros más críticos, como justicia penal y la corrupción, muestran un sistema incapaz de garantizar ni siquiera las mínimas condiciones de imparcialidad y eficiencia. Esto no solo deja en entredicho la calidad de la justicia en el estado, sino que alimenta la percepción pública de que el Poder Judicial opera como una agencia de colocaciones, como un negocio de tráfico de influencias, más preocupado por proteger intereses particulares, por sacar provecho económico, que por impartir justicia.
Lo más preocupante es que esta subordinación del Poder Judicial, al Ejecutivo y, por extensión, a los intereses políticos de grupos específicos, ha sido aceptada como parte del funcionamiento normal de las instituciones. Se ha señalado que esta red de complicidades perpetúa un sistema donde las irregularidades no solo son toleradas, sino necesarias para mantener el ‘statu quo’. El silencio ante los actos revelados en el audio de Espinoza Licón, que en cualquier otra democracia habrían generado una crisis institucional de proporciones mayúsculas, evidencia la profundidad del problema y la normalización de un secreto a voces que hoy se puede constatar. El reciente nombramiento de José Luis Álvarez Pulido como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, tras el término de Espinoza Licón, abre un nuevo capítulo, pero las expectativas de cambio son mínimas. Mientras no se implementen reformas estructurales que garanticen la independencia del Poder Judicial, el estado seguirá atrapado en un círculo vicioso donde los intereses políticos prevalecen sobre los principios democráticos. La justicia seguirá siendo un instrumento al servicio del poder, un negocio para quienes poseen dinero, y la ‘división de poderes’ en Jalisco, una simple ficción jurídica.