En el más reciente Mapa Único de Inundaciones, elaborado por el Imeplan en 2025, se registran 363 puntos de riesgo distribuidos en la ciudad. De ese total, 147 se consideran de atención prioritaria. Dentro de este conjunto existen 24 pasos a desnivel donde la posibilidad de quedar atrapado bajo el agua no solo es real, sino recurrente. Pese a ello, solo seis cuentan con sensores que alerten a los automovilistas, como lo reconoció la directora del instituto. La ciudad opera, por tanto, sin sistema nervioso frente al inminente riesgo.
La contradicción entre lo que dicen las instituciones y lo que revela los expertos, resulta insalvable. Mientras el Imeplan señala una reducción en los puntos de riesgo, la Universidad de Guadalajara ha documentado lo contrario. El investigador Luis Valdivia Ornelas ha advertido que el número real de puntos de riesgo se aproxima a los 580. La diferencia no es menor. Es una muestra de cómo se construye un discurso que omite los datos que incomodan.
Lo más grave no es la falta de infraestructura, sino la permisividad con la que se han autorizado desarrollos habitacionales, centros comerciales, estacionamientos subterráneos y cotos residenciales en zonas que naturalmente deberían funcionar como vasos reguladores. Estas decisiones no son errores técnicos, son actos de irresponsabilidad política. Se privilegia el interés inmobiliario por encima del equilibrio ambiental. Y los resultados están a la vista en cada temporal de lluvias.
Barrios enteros como Ciudad del Sol, Jardines del Bosque, Santa Elena Alcalde o Miramar, han sufrido inundaciones repetidas en los últimos años. En Zapopan, más de 2 mil 400 personas viven con el riesgo permanente de perder su hogar ante la crecida de arroyos como ‘El Garabato’ y ‘Arroyo Seco’. El municipio reporta más de 3 mil 500 predios irregulares localizados precisamente en zonas federales, donde la Ley de Aguas Nacionales prohíbe cualquier asentamiento. Sin embargo, estas construcciones se mantienen en pie, con apenas setenta derribos realizados por la Conagua desde 2022.
La negligencia no termina en la omisión. También se expresa en la simulación institucional. En 2024 se anunció la inversión de 11.4 millones de pesos para construir un sistema de detección de inundaciones en 12 túneles vehiculares. La obra debía estar concluida en marzo de 2024. Para junio de 2025, los resultados siguen sin ser tangibles y los pasos a desnivel continúan siendo trampas hidráulicas en espera de las próximas víctimas.
El temporal de lluvias ha cobrado decenas de vidas en los últimos años. Solo en 2024 se contabilizaron 13 muertes relacionadas con inundaciones, muchas de ellas provocadas por el colapso de sistemas viales mal diseñados. En 2023 la cifra fue aún mayor, con 23 víctimas. Desde 2018, el conteo se eleva a 72 muertes. La mayoría de estos casos tiene un patrón común. Son personas que murieron atrapadas en sus vehículos, arrastradas por cauces sin señalización ni protección, en colonias que Jalisco ha abandonado a su suerte.
Fuera de la ciudad, la situación tampoco mejora. En agosto del año pasado, en el municipio de San Gabriel, una avalancha de lodo y madera sepultó viviendas y cobró la vida de al menos cinco personas. La investigación posterior reveló lo previsible. La deforestación descontrolada y los cambios de uso de suelo ilegales (pero tolerados) fueron las causas del desastre. Apenas siete multas económicas fueron impuestas. El predio más grande, de 165 hectáreas, no recibió sanción alguna. A pesar de que se solicitó investigar más de mil 500 hectáreas en 13 municipios, la Profepa solo intervino en una fracción de ese total.
El patrón se repite. Falta de planeación, permisividad ante la ilegalidad y omisión sistemática de las advertencias técnicas y científicas. Todo ello convierte cada temporada de lluvias en una lotería de muerte, pérdida patrimonial y colapso urbano. ¿Las víctimas deben ser el precio del desarrollo inmobiliario en Jalisco? Urge una reconfiguración de la relación de la ciudad con el agua. Las inundaciones no son consecuencia del clima, sino del fracaso de un modelo de gestión urbana elaborado desde el escritorio, alentado por la avaricia, sin leer los mapas que dibujan el agua en Jalisco