El miércoles pasado se aprobó, a través de la Comisión de Responsabilidades del Legislativo estatal, la eventual destitución del magistrado Alberto Barba Gómez como magistrado de la Sexta Sala del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), además de un una sanción de diez años de inhabilitación para ocupar algún cargo público. La construcción de edificios verticales prolifera en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), debido a que se emiten licencias de construcción que no cumplen con la norma, la mayoría avaladas por el TAE, a través de la figura de la ‘afirmativa ficta’. Se trata de un silencio administrativo cómplice de las autoridades municipales respecto a la solicitud de licencia de construcción, que luego les permite a los constructores ejercer el derecho de acudir a un tribunal, que previo moche, les concede la licencia. El instrumento jurídico es usado para autorizar permisos de construcción fuera de norma a particulares, con los sobornos de por medio. Han trascendido las investigaciones contra el magistrado Alberto Barba, realizadas por la Comisión de Responsabilidades del Congreso local. Apuntan a un abuso de autorizaciones a través de la figura de la ‘afirmativa ficta’, lo que ampliamente se ha documentado en los diarios.
No obstante, Alberto Barba tramitó ocho amparos para suspender cualquier acción en su contra. Actualmente están vigentes sólo cuatro, lo que ha paralizado un eventual juicio político ante el Pleno del Congreso. Las solicitudes que procedieron fueron las de Pablo Lemus (15/2016), respecto a presuntos vínculos del magistrado con empresarios y funcionarios de la administración municipal anterior y la opacidad de su patrimonio; además de la de Enrique Alfaro (19/2016), por actos y omisiones que consideró en su momento como constitutivos de juicio político. El miércoles pasado, la Comisión de Responsabilidades pudo respaldar como violatorias las autorizaciones que Barba realizó a favor de la edificación de varios inmuebles fuera de norma y en lugar prohibido, como en Los Colomos, mismas que generaron un daño al interés público.
Sin embargo, ante la posible destitución e inhabilitación del magistrado, su defensa señaló el jueves 07 de septiembre que todo se trata de un “linchamiento mediático”, y que el Congreso tiene impedimentos legales para pronunciarse respecto a los procedimientos instaurados contra Barba, como aseguran que figura en uno de los juicios de amparo promovidos por los litigantes del magistrado: el 882/2017 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, del 11 de abril de 2017. Mediatizado o no, Barba tendrá que responder por las acusaciones, pues es de dominio público que este magistrado es el que más ha incurrido en licencias irregulares y escándalos de sentencias que afectan abiertamente al interés público de la ciudad…