Este 2025, México se asoma a un proceso sin precedentes en su historia. Por primera vez, el ciudadano tendrá en sus manos la posibilidad de influir, mediante el voto, en la integración del poder encargado de impartir justicia.
Hasta el 29 de mayo, más de 3 mil candidatos recorrerán el país —aunque no literalmente— en busca de votos para ocupar 881 cargos judiciales. A diferencia de las campañas tradicionales, estas elecciones están sujetas a reglas muy particulares. No hay mítines masivos, no hay spots en televisión ni radio, y tampoco existe financiamiento público. En su lugar, las redes sociales, los foros académicos y los encuentros ciudadanos serán los espacios de deliberación y encuentro entre aspirantes y electores.
La jornada electoral se celebrará el 1 de junio, coincidiendo con otros comicios locales en 19 estados del país. No será raro que en una misma casilla se entreguen hasta cuatro boletas para distintos cargos, lo cual añade una capa de complejidad —pero también de trascendencia— al acto de votar.
La novedad del proceso abre un campo fértil para repensar nuestra relación con la justicia. Tradicionalmente percibido como un poder lejano, cerrado y tecnocrático, el Judicial se somete ahora al escrutinio del voto directo. Se trata de una apuesta audaz. Pero como toda novedad, conlleva riesgos. La posible politización de los juzgadores, la tentación del populismo judicial, y la amenaza de que la imparcialidad se vea condicionada por la lógica electoral.
Sin embargo, sería un error quedarse únicamente en la crítica. Este proceso, inédito en su forma y en su fondo, representa también una enorme oportunidad. Una oportunidad para transparentar el funcionamiento del sistema judicial, para votar perfiles con trayectoria ética y compromiso social, para acercar la justicia a la gente y romper con el elitismo que históricamente la ha blindado.
Por supuesto, nada de esto será automático. El éxito o fracaso de este cambio dependerá de muchos factores. Serán claves la vigilancia institucional, el interés ciudadano, el profesionalismo de los candidatos y la capacidad de los medios para fomentar un debate informado. Pero sobre todo, dependerá de que aprovechemos esta coyuntura, no como una anomalía, sino como una oportunidad de transformación.
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